El Gobierno ha decidido elevar al Consejo de Estado la ley de salud de Galicia, aprobada el pasado mes de febrero, con el objetivo de que se pronuncie acerca de la constitucionalidad de aspectos de la normativa autonómica como la posibilidad de obligar a la vacunación en situaciones epidemiológicas que lo requieran o el régimen de sanciones, con multas de hasta 600.000 euros. La norma gallega, una propuesta del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, pero que finalmente se tramitó a través del grupo parlamentario del PPdeG, reserva para la Administración autonómica la posibilidad, entre otras medidas preventivas, de someter “a medidas profilácticas de prevención de la enfermedad, incluida la vacunación o inmunización”.

Respecto a esta posibilidad de obligar a los ciudadanos a vacunarse, el Ejecutivo central entiende que además de afectar a la reserva de Ley Orgánica y al ámbito competencial del Estado, no considera la estrategia de vacunación aprobada por el Consejo Interterritorial que recoge que la vacunación será voluntaria.

La ley gallega no establece “por sí sola” la obligatoriedad de vacunarse frente al COVID, sino que faculta a obligar si, llegado el caso, las autoridades competentes consideran que debe hacerse.

En todo caso, el Gobierno ha acordado solicitar un dictamen al Consejo de Estado sobre la posible inconstitucionalidad de varios apartados puesto que, según defiende el Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez, la norma realiza una serie de modificaciones en medidas preventivas por razones de protección de salud pública y del régimen sancionador que han recibido observaciones de inconstitucionalidad por parte de los correspondientes departamentos ministeriales.

La solicitud se realizará a la Comisión Permanente del Consejo de Estado con carácter urgente y tendrá hasta el 23 de marzo para emitir un dictamen. El plazo para la interposición del recurso de inconstitucionalidad finaliza el 26 de mayo.

Fuentes parlamentarias consultadas por Europa Press explicaron que por ahora no han recibido aviso de recurso de inconstitucionalidad ni la intención de hacerlo, si bien todavía no es el momento procesal de ser advertidos.

El Ejecutivo central plantea la impugnación al considerar que la norma autonómica gallega introduce restricciones y limitaciones a los derechos fundamentales que según el artículo 81 de la Constitución “española están reservadas a una Ley Orgánica”, para todo el Estado.

Además, el Gobierno también cree que serían inconstitucionales las previsiones contenidas en los apartados que definen el régimen de infracciones y sanciones asociado al incumplimiento de la ley.

Con todo, el Ejecutivo cree que la norma puede vulnerar el artículo 116 de la Constitución, que regula los estados excepcionales. En el marco del estado de alarma, las comunidades autónomas ostentan atribuciones delegadas que no pueden utilizarse para aprobar esta ley ordinaria “como si fueran facultades correspondientes a la gestión ordinaria de sus competencias”.