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El Parlamento aprueba la ley que ampara la vacuna obligatoria y fija sanciones de hasta 600.000 euros

Protesta de negacionistas frente a la sede del Parlamento, en Santiago. |   // XOÁN ÁLVAREZ

Protesta de negacionistas frente a la sede del Parlamento, en Santiago. | // XOÁN ÁLVAREZ

El Parlamento gallego aprobó ayer por la vía rápida la reforma de la Lei de Saúde Galicia, una modificación legal que contó con el rechazo rotundo de la oposición porque considera que recorta derechos fundamentales de los ciudadanos. El nuevo texto, que entrará en vigor de forma inminente y cuya tramitación apenas tardó tres meses en completarse, establece un nuevo escenario específico en la comunidad para hacer frente a las pandemias. La ley faculta a la Xunta, cuando lo estime necesario, a imponer vacunas a los ciudadanos o dictar confinamientos domiciliares y se dota de un enérgico un régimen de sanciones, con multas de hasta 600.000 euros para los casos más graves por reincidencia de infracciones o provocar un riesgo o daño muy grave para la salud de la población.

En estos supuestos penados con las mayores sanciones figurarían el saltarse el confinamiento o la cuarentena o el rechazo a la vacuna o a determinadas pruebas. Pero para ello las faltas previas deben ser reiteradas y además del eventual daño de gravedad producido al resto de ciudadanos, tiene que decretarse previamente la obligación de esas medidas para frenar la pandemia por parte de las autoridades sanitarias. Porque la ley en sí no fuerza a nada, sino que da cobertura legal para que el Gobierno pueda actuar con intervenciones drásticas.

La multa por no llevar mascarilla se marca en un mínimo de 100 euros, con la posibilidad de incremento en función del incumplimiento. Y entre otras infracciones leves también se encuentran hacer botellón, infringir los toques de queda, reuniones con más personas de las permitidas, participar en fiestas que incumplan las medidas aprobadas por las autoridades sanitarias e incumplimientos de horarios de locales.

Rechazo de BNG y PSOE

Precisamente, BNG y PSOE echaron en cara al PP y a la Xunta los excesos, a su juicio, de la reforma de la Lei de Saúde, por cuanto supone de recorte de los derechos fundamentales de los gallegos con la excusa de la pandemia y por tener un dudoso encaje en el marco jurídico actual. Además, la oposición censuró que se tramitara por el grupo parlamentario del PP y no a propuesta de la Xunta, ya que de esta forma aunque el procedimiento es mucho más rápido, “se esquivan los informes jurídicos y de los agentes sociales”.

El PP justificó esta reforma por la necesidad de cubrir el vacío legal que había ante la “inacción” del Gobierno de Pedro Sánchez y sostuvo que lejos de ser autoritaria la nueva ley, lo que hace es poner límite a la acción del Ejecutivo, restringiendo el ejercicio del poder y garantizando una asistencia digna a los contagiados.

Por el BNG, Iria Carreira tachó de “grave error” enfocar un problema de salud pública como si fuese de orden público y arremetió contra el paquete de medidas de carácter punitivo y restrictivo sin que se adoptara ninguna para fortalecer el sistema sanitario.

Julio Torrado, del PSOE, calificó la nueva ley “disparate jurídico” por pretender sustituir al Congreso de los Diputados por un parlamento autonómico”, con un reglamento sancionador “excesivo” e “inapropiado legalmente”.

Mientras se debatía y aprobaba la reforma en el Parlamento, decenas de negacionistas se concentraron frente a la sede de la Cámara para protestar por la nueva redacción de la Lei de Saúde.

Entra en vigor el marco legal para la reactivación económica


En la misma sesión plenaria, el Parlamento también aprobó de forma definitiva otra ley vinculada al COVID, en este caso para crear el marco adecuado para paliar las consecuencias económicas y promover la reactivación. La norma obtuvo luz verde con los votos del PP, dado que BNG y PSOE la rechazaron por ningunear a los agentes sociales. La ley, de nueva redacción, nace con el objeto de simplificar la tramitación administrativa, reducir la burocracia y facilitar la implantación de iniciativas empresariales, sobre todo ahora que se espera una lluvia de fondos procedentes de la UE. Además, incluye otras medidas que han sido constantemente criticadas por la oposición, como la posibilidad de que las iniciativas sean aprobadas si transcurren tres meses sin que la Xunta emita el informe preceptivo, o la redacción de los dictámenes ambientales por parte de “entidades de colaboración”. “Estamos en un momento excepcional que requiere todo el esfuerzo y compromiso de la ciudadanía, pero también de las administraciones, que tienen que ser el apoyo para las actividades de las empresas, nunca un freno”, expuso por el PP Miguel Tellado. BNG y PSdeG, aunque con planteamientos distintos, coincidieron en acusar a los populares de “vaciar” lo público y de “ningunear” no solo a ellos, sino también a los agentes del Consello Económico e Social y a la Federación Galega de Municipios e Provincias.

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