Hace tres semanas, los opositores recibían una noticia que introducía un elevado grado de incertidumbre en unas vidas que aspiran a lo contrario, a la estabilidad de un puesto de funcionario: el Gobierno central ponía como condición a las autonomías para la convocatoria de oposiciones de educación el tener aprobados los presupuestos del Estado. En Galicia, ese movimiento supuso dejar en suspenso los mil puestos previstos para la OPE de este año, situación que a día de hoy se mantiene para los en torno a entre 20.000 y 30.000 opositores que, según CIG Ensino, esperan ser rescatados de un estado de "inseguridad" que supone un "atropello".

Pero mientras este sindicato se concentraba ayer en Santiago ante la Consellería de Educación para exigir que las pruebas se convocasen de forma "inmediata", reclamación a la que se sumaron desde STEG en un comunicado en el que conminan a la Xunta a moverse ya, "sí o sí", en la dirección deseada por los opositores, dos comunidades desandaban el camino y decidían aplazar el proceso: Asturias y Cantabria.

El Ejecutivo cántabro anunciaba ayer que suspendía la cita para maestros -187 plazas- a 2018 o 2019. "La confusión e incertidumbre generada, especialmente por el Ministerio de Hacienda" (con amenaza de impugnación)" es la razón alegada por su consejero de Educación, Ramón Ruiz. "Ante esta incertidumbre la mayoría de las comunidades no van a ejecutar la oferta en 2017, con lo cual se produciría un efecto llamada si Cantabria las convocase que quitaría oportunidades a los opositores interinos de nuestra comunidad", explicó. Esa era la razón que alegaban también los más de 1.700 firmantes de una petición en change.org que solicitaba al Ejecutivo cántabro posponer la OPE.

También a la inseguridad jurídica y al "efecto llamada inasumible", que podría hacer que se presentasen al proceso selectivo "más de 20.000 opositores", se refirió ayer el consejero de Educación de Asturias, Genaro Alonso, para explicar por qué este año no habrá convocatoria de Primaria en su comunidad.

Y unos argumentos similares -puso de ejemplo al Principado- utilizó el conselleiro de Educación de Galicia, Román Rodríguez, para insistir en la posición de la Xunta. "Mantenemos nuestra hoja de ruta", aseguró ayer, que se traduce en "convocar oposiciones con seguridad jurídica". "La voluntad de Galicia es hacer oposiciones", proclamó, pero pasan por esa condición "para evitar perjuicios a los opositores". A su juicio, aún hay tiempo. "Queda margen temporal", dijo, "hasta mediados de abril", para "tomar la decisión definitiva", "en función de cómo evolucione la cuestión jurídica en el ámbito estatal". "Nos consta que en el ámbito estatal se trabaja en esa línea", añadió.

Fuentes del Ministerio de Hacienda, departamento que estos días mantiene reuniones técnicas con los sindicatos para abordar esta y otras cuestiones antes de la mesa general de las Administraciones públicas, trasladaron a este diario que su idea es que la cuestión se contemple en los presupuestos.

Para STEG, "que no estén fijados los presupuestos del Estado no es excusa". La Xunta, añaden, "tiene de sobra un margen de opción amplio para poder secundar la convocatoria", y desde el Gobierno central "se pueden habilitar mecanismos para realizar una convocatoria con garantías legales plenas". La CIG, por su parte, critica que "se juegue" con las personas y tacha la actitud de la Xunta de "perversa" y de "vasallaje".

Por otra parte, el PSdeG exigió ayer a la Xunta que oferte plazas de libre acceso al cuerpo de profesores de música y artes escénicas. La Asociación de Profesores de Música y Artes Escénicas de Galicia criticó la OPE al ser cerrada a opositores de secundaria, lo que impide al personal interino, sustituto y titulado de esas especialidades aspirar a ellas.