Casi 120.000 funcionarios de la Xunta, las concellos, las diputaciones y las universidades se someterán a una evaluación periódica de su rendimiento y si suspenden se les obligará a hacer un curso para mejorar su formación e incluso se les cambiará de puesto. Es una de las novedades del proyecto de ley de Empleo Público de Galicia, aprobado a finales de 2014 por el Consello de la Xunta y ya en el Parlamento para su debate y aprobación.
El texto llevaba más de un año guardado en el cajón y se recupera paralamente a la decisión de que los empleados de la Administración autonómica recuperen a 1 de enero de 2018 la totalidad del complemento específico en sus pagas extraordinarias.
Una mala nota en la prueba, a la que se oponen los sindicatos, podrá suponer además "la no percepción del complemento retributivo de desempeño", un nuevo plus salarial que crea el Gobierno gallego precisamente al hilo de su decisión de medir la productividad de los empleados.
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Desde la Consellería de Facenda aseguran que un suspenso no supondrá una rebaja salarial con respecto a la nómina actual. Un aprobado en cambio puede suponer una subida. Los sindicatos desconfían y esperan a conocer las órdenes y decretos que desarrollarán este precepto legislativo, pues la Xunta en la nueva norma cambia la estructural salarial y ven demasiadas similitudes entre el nuevo complemento de desempeño y el actual complemento de productividad.
El texto legislativo introduce como una de sus principales novedades, exámenes para los empleados de las administraciones públicas de la comunidad, a excepción de la estatal.
Las pruebas serán periódicas y "la obtención de un resultado negativo" , según los casos, supondrá "la obligatoriedad de la actualización y perfeccionamiento de la cualificación profesional mediante la participación en cursos de formación" e incluso "la remoción en los puestos de trabajo".
El traslado a otro puesto, en el caso de la Xunta incluso cambio de consellería y de localidad, será tras la apertura de un expediente y el funcionario, en todo caso, no verá mermados sus ingresos.
Tres años de margen
La norma, que además eliminará definitivamente el plus de altos cargos aprobados en 2007 para que mantuviesen la retribución de cargos de responsabilidad los funcionarios que dejaban de desempeñar tales puestos, no baja al detalle y para conocer en que consistirán las pruebas a las que se someterán los empleados públicos habrá que esperar. La Xunta se da tres años para aplicar la ley y desarrollar en futuras órdenes, decretos y reglamentos el modelo de evaluación.
En todo caso ya avanza que "la evaluación del desempeño" se acometerá bajo "criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación". Con ella se pretende valorar "el grado de cumplimiento de los deberes profesionales, y el grado de interés, iniciativa y esfuerzo" .
Además se tendrá en cuenta que el trabajo de los empleados públicos contribuye a "la consecución de objetivos" de su unidad administrativa y "a la mejora de la organización y gestión administrativa".
La Xunta ayudará a los concellos pequeños para organizar y realizar los exámenes de rendimiento de sus empleados.
Cuantía variable
Luego en función de los resultados, habrá o no plus salarial. El proyecto de ley no fija la cuantía de este complemento económico pero sí establece que el jefe de cada empleado público será el que "determinará la cuantía individual" de cada plus ateniéndose a unos criterios objetivos que se desarrollarán en un reglamento posterior y según unos límites que se establecerán cada año en los presupuestos.
A los representantes de los trabajadores les disgusta que la decisión recaiga en el superior, pues temen arbitrariedad en sus decisiones y entienden que puede dar lugar a casos de favoritismo y de marginación.
Por otra parte, el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se reafirmó en el compromiso de la Xunta de reintegrar a los funcionarios de la administración gallega el 12,5 por ciento de la paga extra de Navidad suspendida en 2012, y que se intentará pagar hasta el 25 por ciento de esa paga en el primer semestre de 2015, "si puede ser". "Sin engañar a nadie", la intención del Gobierno gallego es devolver hasta el cien por cien de esa paga "cuando las posibilidades económicas lo permitan", afirmó Rueda. La previsión es en 2018.
