Los empleados públicos de la Xunta, los ayuntamientos, las diputaciones y las universidades podrán ser "removidos" de su puesto si no rinden lo suficiente, pero además, "por necesidad de servicio" se podrá ordenarles el "traslado forzoso" a otra área administrativa, incluso en otra localidad, pero solo por espacio de tres meses.
Esta es otra de las novedades de la futura Ley de Empleo Público que ha contrariado a los sindicatos, que exigían que el cambio a otro departamento siempre fuese voluntario. En 2010, siendo conselleira de Facenda Marta Fernández Currás ya se planteó la posibilidad de mover a los empleados públicos desde áreas con escasa carga de trabajo a otros departamentos en cambio sobrecargados.
El rechazo fue tal que la ahora secretaria de Estado retiró la propuesta para no calentar más los ánimos de un colectivo afectado ya por los recortes salariales.
Indemnización
Elena Muñoz recupera ahora la iniciativa, pero eso sí lo limita a tres meses y recoge que si el puesto está en otra localidad el empleado será "indemnizado", según el reglamento que se aprobará con posterioridad.
Tendrán más papeletas para un cambio de obligatorio de puesto los más jóvenes, los que no tengan cargas familiares y los que lleven menos tiempo en la Administración.
Las embarazadas y los trabajadores públicos con reducción de jornada quedan excluidos de esta opción.
En el caso de que el traslado sea voluntario, éste podrá prolongarse durante seis meses.
