El interventor de la Diputación de A Coruña realizará una auditoría interna sobre los contratos y subvenciones concedidos a las empresas implicadas en la operación Zeta que, presuntamente se dedicaban a defraudar ayudas destinadas a cursos de formación. El pleno de la corporación provincial adoptó este acuerdo por unanimidad a instancias del BNG, que presentó una moción en la que exigía también que se amortizase la plaza de director del Área de Servicios Provinciais, adjudicada a dedo al exdirector de Traballo Luis Álvarez Freijido, -investigado en la trama- y que se abriese un expediente disciplinario a los funcionarios "presuntamente implicados en la operación".

Los dos últimos puntos no prosperaron. El PP se opuso a ambos y el PSOE solo respaldó la propuesta de amortizar la plaza de libre designación que ocupaba Freijido, que dimitió recientemente. Socialistas y populares se mostraron contrarios a adoptar ningún tipo de medida administrativa contra los dos funcionarios mencionados en el sumario con la investigación judicial en curso.

Aunque la auditoría se remontará solo hasta el año 2006, el PP hizo público ayer un "esbozo" de los contratos y subvenciones concedidos a las empresas implicadas en esta trama de cursos falsos desde el año 2003. Los populares contrapusieron los 13 contratos a Gecreri, las dos subvenciones a Feaga y otras tantas a Caype durante el bipartito (2003-2010), con las concedidas durante el mandato del PP, a partir de 2011 (un año antes de que trascendiese la investigación judicial). El PP informó al pleno que desde 2011 se concedió un contrato a Gecreri perteneciente a la Rede Xiana y dos subvenciones a Feaga que finalmente no fueron abonadas porque no se justificaron los gastos.