La caída del alcalde de Santiago: veto a los pisos turísticos y un polémico alquiler

El regidor socialista se retira tras perder 4 ediles y quedar por debajo del PP y del BNG | Ya no contaba con ganar, pero tampoco con sufrir tal desgaste

Arturo Reboyras

Xosé Sánchez Bugallo tenía muy claro desde hacía meses que no sería el ganador de estas elecciones municipales. El hasta ahora alcalde de Santiago confesó ayer ante los medios que contemplaba tres posibles escenarios como resultado de las elecciones del domingo: ninguno como ganador. El primero y más optimista, la suma de ocho concejales, que le permitiría formar un gobierno de coalición “estable”; el segundo, siete ediles, que le dejaría ante un “gobierno complejo”, y la tercera, seis ediles, “aunque superando siempre al BNG”, una situación ante la que “haría lo mismo”, es decir, retirarse.

Ninguna de sus previsiones se ha cumplido, puesto que el sorpasso del BNG con empate en actas no entraba en sus planes. En este contexto, cabe preguntarse cuáles han sido las causas del desgaste político que ha provocado que el PSdeG compostelano haya caído de diez a seis ediles y haya perdido sobre casi 8.000 votos, bajando de 18.150 a 10.513. El propio regidor en funciones admitía en su comparecencia de ayer que una de las decisiones de este mandato que le pasaron la factura más alta fue la regulación de los pisos turísticos. “Tomamos esa decisión porque considerábamos que había que tomarla”, señaló el alcalde, antes de admitir que provocó el enfado de una parte importante de los propietarios.

Pero más allá del debate sobre las VUTs, también está la salida a la luz del polémico caso Pichel en la última etapa del mandato, un duro golpe para el Gobierno socialista. Principalmente, cuando se descubrió que el Concello había alquilado una nave que, además de encontrarse en situación irregular, era propiedad de uno de los concejales de su equipo, concretamente del responsable de Medio Rural, José Manuel Pichel, quien tras el escándalo presentó su dimisión.

El también conocido como caso Desproi, nombre de la empresa propiedad de la nave emplazada en Costa Vella, trascendió al debate político y acabó en los juzgados, tras presentar el grupo municipal del PP una denuncia que ha sido incoada y está siendo investigada judicialmente.

Por otro lado, Sánchez Bugallo habló de obstruccionismo político de la oposición para referirse a otros compromisos que no ha sido capaz de cumplir este mandato.

Al culebrón que se generó en torno a la operación del colegio Peleteiro, cuya situación urbanística se sigue sin resolver y con el edificio en estado de abandono en la zona nueva de Santiago, se suma la paralización del contrato de agua, lo cual ha impedido que muchas zonas del rural compostelano hayan sido dotadas del servicio de abastecimiento y saneamiento del que todavía carecen. En pleno siglo XXI. También ha tenido Bugallo serias dificultades con el contrato del transporte, que sigue sin materializarse, con buses en muy mal estado prestando servicio en la ciudad.

El alcalde en funciones ha tenido en su contra el imprevisto de una pandemia ante la que ha tenido que reaccionar. Pero parece que los 10 millones de euros que distribuyó en ayudas directas a sectores como el comercio o la hostelería no le supusieron beneficio electoral alguno. Este “esfuerzo” que ha defendido en la campaña también le habría impedido, según defiende, llevar a cabo otro tipo de actuaciones que los vecinos demandaban, como obras de mantenimiento tanto en el rural como la zona urbana, o plantear nuevos proyectos de futuro para la ciudad.