Parte de los grandes accionistas de EiDF no acuden a la junta que avaló las cuentas y los sueldos

La cotización de EiDF borró en los dos últimos días todo lo ganado el pasado miércoles tras anunciar el acuerdo de financiación con Alpha Blue Ocean, una family office con sede en Dubái fundada por tres jovencísimos financieros para “revolucionar el mundo de las finanzas ofreciendo un rendimiento consistente y adaptado a los riesgos”. Ante “el actual contexto de incertidumbre financiera”, la compañía gallega de autoconsumo fotovoltaico emitirá hasta un máximo de 20 millones de euros en obligaciones convertibles con 12 meses de vencimiento y sin intereses que el fondo emiratí podrá transformar en acciones convencionales “en cualquier momento”. Los títulos de EiDF aplaudieron el pacto con una subida de casi el 12%. Llegaron a los 5,42 euros en una de las pocas jornadas animadas desde el levantamiento del veto a la negociación en el BME Growth por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El jueves descendieron ya a 5,27 euros y ayer sufrieron un intenso recorte de 10,8%, a los 4,7 euros, por debajo de los niveles previos al contrato de liquidez con Alpha Blue Ocean.

El correctivo coincidió con la celebración de, posiblemente, la última junta de accionistas ordinaria en la sede del polígono industrial Outeda-Curra, en el concello de Barro. Como se esperaba, en la cita se aprobó el traslado del cuartel general a Madrid, donde, sostiene el grupo, “ya tiene oficinas”. Lo hace “para estar más cerca de los mercados financieros y la actividad económica donde desarrolla parte de su actividad”. Las instalaciones de Barro seguirán “con su operativa habitual”.

El 76,6% del capital

El cambio de sede fue uno de los asuntos que logró el voto prácticamente unánime de los asistentes. Que no eran todos los accionistas. Acudieron, según los datos comunicados por EiDF al BME Growth, los titulares de 44,346 millones de títulos, el 76,663% del capital social con derecho a voto. Solo su fundador y consejero delegado, Fernando Romero, controla algo más del 72%, incluida la retahíla de compra de acciones (70.246) que formalizó el 29 y 30 de agosto por un importe de 575.000 euros.

Los otros dos socios de referencia en EiDF, según consta en la información oficial a 4 de julio, son Alejandro Alorda, propietario de Muebles Kettal, que acumulaba en aquel momento el 7,61% de las aciones de la todavía empresa gallega; y Julio Sergio Palmero Dutoit, con un 6,63% a través de Memento Gestión. Si cualquiera de los dos hubiese ido a la junta, el porcentaje de representación sería mayor. ¿Los otros dos socios de relevancia en EiDF han menguado su participación o no fueron a la reunión? EiDF recuerda que los porcentajes “no tienen por qué coincidir con el 100% de la propiedad de cada titular al poder tener posiciones depositadas en varias entidades”. Pero admite: “Algunos de los principales accionistas no acudieron a la junta”.

Retribución a la cúpula

Además de la mudanza a Madrid, los accionistas votaron las polémicas cuentas de 2022, cuyo retraso en la publicación por las diferencias con el auditor, PwC, desembocaron en la paralización en Bolsa durante más de cuatro meses. La mayoría de presentes, equivalentes al 76,584% de todo el capital social, respaldaron el balance. Menos apoyos tuvo la propuesta de retribución, incluidos el fijo de 200.000 euros para Romero, una cantidad de variables de hasta 160.000 euros ligados a objetivos de margen de negocio; otros 50.000 euros por objetivos de capitalización bursátil, un plan de pensiones por importe anual de 20.000 euros; coche, tarjeta de gastos laborales; y gastos de desplazamientos por trabajo. Dieron su sí los titulares del 69,9409% del capital. El 0,062% rechazó la propuesta y el 6,652% se abstuvo.

El orden del día incluía la comunicación a los accionistas del Modelo de Prevención de Delitos del grupo, “compuesto por su Código Ético y por sus normas de desarrollo” en materia de anticorrupción, compliance penal o compras, entre otros asuntos. EiDF da un paso adelante así ante las sospechas de irregularidades que destapó la CNMV después del informe forensic encargado a Deloitte. José María Covelo, del departamento jurídico, fue nombrado nuevo Compliance Officer, encargado de coordinar todas las medidas para el cumplimiento normativo.

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