La última cuenta atrás de Fernández de Sousa en Vigo

El hombre que pretendía abanderar el futuro de la pesca y la acuicultura en el mundo ya no es dueño de su destino. En cualquier momento, Manuel Fernández de Sousa-Faro recibirá la respuesta del Supremo a su petición de revisión de la condena que le impuso por la quiebra de la vieja Pescanova. La sentencia del alto tribunal rebajó de 8 a 6 años la pena inicialmente fijada por la Audiencia Nacional, que, además del delito continuado de falsedad en las cuentas, falseamiento también de información económico-financiera y alzamiento de bienes refrendados por el Supremo, incluyó dos más, el de estafa agravada y falsedad en documento mercantil. El empresario requirió una nueva contabilización de los años de cárcel por los supuestos fallos, argumentando que realmente le correspondería cumplir cuatro años y nueve meses entre rejas por los hechos recogidos en el fallo definitivo del Supremo.

Su abogado, Gonzalo Martínez-Fresneda, confirmó a principios de mes a la agencia Europa Press que, efectivamente, la solicitud a los magistrados de la Sala de los Penal para la corrección del “error material”. El requerimiento implica el retraso en la orden de ingreso en prisión. No la evita. Incluso en el caso de que el Supremo hubiese echado mal las cuentas, la cantidad de años es de largo suficiente para entrar en la cárcel. ¿Cuánto tardará en conocerse el veredicto final? Martínez-Fresneda dijo que era cuestión de “días”.

A la espera

Al que fue el todopoderoso líder del grupo asentado en Chapela se le pudo ver ayer en el centro de Vigo, esperando el final de la cuenta atrás del Supremo cuando se cumplen diez años desde aquella notificación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a ultimísima hora del 28 de febrero de 2013 avanzando que no presentaría las cuentas anuales a tiempo, para al día siguiente anunciar por sorpresa la presentación del preconcurso de acreedores.

Su última imagen pública hasta ahora se remonta a las largas sesiones en la Audiencia Nacional que arrancaron el 2 de diciembre de 2019 y se prolongaron al año siguiente, condicionadas incluso por el estallido de la pandemia. “Teníamos que mantener los puestos de trabajo. No se ha perdido uno, algo habremos hecho bien. Usted haría igual”, soltó Fernández de Sousa al fiscal del caso, Juan Pavía, durante su turno en los interrogatorios, tras reconocer irregularidades –“impuestas por el mercado”, trató de justificar– y ese megalómano sueño de convertir una empresa que hacía aguas por todos lados a causa de sus ruinosas inversiones en “la primera del mundo”. “Ni siquiera después del juicio ha demostrado comprender el alcance de las decisiones adoptadas y los enormes perjuicios que tales decisiones han conllevado”, le contestaba la Audiencia Nacional en su sentencia condenatoria.

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