El 28 de febrero de 2013 empezó a zozobrar la vida de un hombre que, amén de su liderazgo empresarial, era presentado como un referente económico y un ejemplo en la industria pesquera internacional. Fue la primera vez que Manuel Fernández de Sousa (Mérida, 1951) admitió -públicamente- que Pescanova SA, la compañía que había cofundado su padre, tenía más problemas que las capturas de gambón en Argentina, las enfermedades del vannamei en Ecuador o las amenazas de piratería en Mozambique.
Este martes, siete años, siete meses y siete días después de aquella especie de confesión taciturna, la Audiencia Nacional decretó su ingreso en prisión. Que fueron sus maniobras, con la ayuda de sus hombres de confianza, las que provocaron no solo la quiebra del grupo gallego, sino un alud de perjuicios en bancos, grandes inversores y pequeños ahorradores. Que el concurso de acreedores de Pescanova, de 3.650 millones de euros, no fue fruto de una confabulación de las entidades ni de sus exsocios: "Al menos desde finales de 2007, ideó una serie de mecanismos que tenían por objeto aparentar una relación comercial, en realidad inexistente, que permitiera a Pescanova seguir obteniendo financiación bancaria y ostentar frente al resto de los socios una situación económica y financiera negativa, muy distinta a la publicada oficialmente".
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (sección cuarta) lo ha condenado a ochos años de prisión por los delitos de falsedad en documento mercantil cometido por particulares, estafa agravada, falseamiento de cuentas anuales, falseamiento de información económica y financiera y alzamiento de bienes. Deberá abonar una multa de 36.500 euros, el pago proporcional de las costas y responder, de forma solidaria -con su antigua cúpula, la vieja Pescanova y la auditora BDO-, frente a más de 165 millones de euros en concepto de responsabilidad civil.
Los magistrados Carmen Paloma González (ponente), Teresa Palacios y Juan Francisco Martel han absuelto al expresidente de la compañía de los delitos de insolvencia punible, uso de información relevante -ningún imputado ha sido condenado por la venta de acciones anterior a la quiebra- y de impedimento a la actuación de la CNMV. "Ni siquiera después del juicio ha demostrado comprender el alcance de las decisiones adoptadas y los enormes perjuicios que tales decisiones han conllevado", enfatiza la sentencia, de 610 páginas.
En suma, el fallo del Alto Tribunal ha impuesto penas de cárcel para doce personas físicas por 33 años y medio, casi las mismas que solicitaba Fiscalía Anticorrupción para el propio Fernández de Sousa. La sentencia arrastra con él a los brazos ejecutores de las malas prácticas que puso en marcha Pescanova para ocultar la verdad de forma reiterada: intentó aprobar unas cuentas (2012) con 36,6 millones de beneficios, cuando en realidad la sociedad arrastraba números rojos por casi 800. "Resultaba obvio que una sociedad del volumen de Pescanova tenía que contar con gente de su confianza que llevara a la práctica esa inveraz contabilidad, y para ello se sirvió de la colaboración de personas de su confianza situadas en departamentos estratégicos, o de antiguos empleados que, con conocimiento de la difícil situación económica de la entidad, se convirtieron en los elementos indispensables" para engordar el fraude. Y todo, como considera probado el fallo, con el respaldo de una de las mayores auditoras del mundo, BDO. "Avaló con sus informes [...] cuantas operaciones llevó a cabo la matriz vulnerando las normas de la contabilidad y permitiendo dar una imagen de su situación económica y financiera muy diferente a su abultada deuda financiera real". Un durísimo revés de imagen y personal: su socio responsable de revisar las cuentas de Pescanova, Santiago Sañé, ha recibido la misma pena de cárcel que cada uno de los cinco primeros espadas de Fernández de Sousa.
Pescanova SA había ejecutado, entre 2007 y abril de 2013, inversiones por más de 833 millones de euros. Con financiación externa, a corto plazo (gravosísima) y con ampliaciones de capital y emisiones de bonos basadas en unas cuentas que distaban mucho de la realidad. Aquella expansión, ideada por el expresidente del grupo, salió mal por muchos motivos: la propia crisis financiera de 2008, los accidentes en las plantas acuícolas -llegó a malvender 878 toneladas de pescado tras un siniestro que ocultó en Mira (Portugal)- y una mala planificación de un segmento, el de cría en cautividad, que necesita años para ser rentable. A juicio de la Sala -presidida durante el juicio por la singular Teresa Palacios-, Fernández de Sousa "planeó, con objeto de poder seguir disfrutando de la financiación bancaria de la que dependía Pescanova [...] una serie de prácticas irregulares de financiación con objeto de seguir obteniendo financiación" de las entidades. Para el Tribunal, el equipo liderado por él ejecutó su trama fraudulenta en tres fases.
En primera instancia, con la "ideación" de mecanismos ilegales para lograr créditos, entre ellos la creación de hasta 14 sociedades instrumentales que facturaron a Pescanova SA cerca de 2.550 millones de euros en pescado imaginario. Desde Chapela se instruía a sus administradores -todos absueltos- de qué precios y toneladas debían marcar, y cubrir pagarés para llevar a las sucursales. Sin intercambiar una sola caja de langostino. En segundo lugar, ya con esta estructura, con la firma de todo tipo de instrumentos bancarios (líneas de factoring con facturas falsas o duplicadas, pólizas de descuento), que engordaron la deuda financiera por encima de los 3.500 millones (en abril de 2013, cuando la compañía declaraba que ésta ascendía a 1.034 millones). Por último, con el "traslado" de toda la información falsa a los estados contables, aquellos que se remitían a la CNMV o a los bancos y, sobre todo, la que se distribuía en los mercados "para captar inversores que les permitiera una situación financiera más relajada que la propia de la financiación bancaria".
