Un boquete (inaudito) de 3.650 millones

Antes de entregar las cuentas más parecidas a la realidad, en la primavera de 2013, el equipo de Manuel Fernández de Sousa había elaborado dos borradores previos. El primero reflejaba un resultado neto de 36,6 millones de euros; el segundo ya lo reducía a 20. El real, conocido después tras el ingente trabajo de Deloitte como administrador concursal (liderado por Senén Touza y Santiago Hurtado), reflejó un agujero de 800 millones. Entre filiales ocultas –quiso utilizar una de ellas incluso para ocultar su propiedad sobre el pesquero Vega 5, secuestrado en Mozambique–, neteos, líneas de factoring o créditos documentarios se escondía un pasivo descomunal: 3.650 millones de euros. La mayor suspensión de pagos de una empresa no inmobiliaria en la historia empresarial de España. Un descalabro que convertiría a algunos de los mayores bancos del país (Sabadell, CaixaBank, Popular, BBVA, Bankia, UBI y Abanca) en conductores de una pesquera en apuros, pero que nunca dejó de funcionar y que no llevó a cabo los previsibles (entonces) ajustes de plantilla.

Aunque las entidades financieras encajaron de inicio quitas por importe superior a los 1.500 millones de euros, amén de participar en todos los instrumentos de financiación posibles, las secuelas persisten una década después pese a contar con el respaldo férreo de Abanca y de haber ejecutado dos ampliaciones de capital por compensación de créditos. Con una marca de resistencia hercúlea y tras un proceso de renovación parcial de flota, Nueva Pescanova aspira a dejar atrás cuanto antes cualquier vestigio de los desmanes del pasado.

Suscríbete para seguir leyendo