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Faro de Vigo

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Galicia arrastra 3.300 empresas insolventes y 50.000 inactivas desde antes del COVID

La mitad de las grandes empresas sube sus beneficios el primer trimestre

Vista de las instalaciones de una fábrica. Eliseo Trigo

El real decreto de medidas procesales y organizativas que el Gobierno impulsó en abril de 2020 para hacer frente a la pandemia en el ámbito de la administración de justicia incluía una moratoria concursal para dar aire a las empresas viables con problemas de solvencia coyunturales a causa del parón de la actividad y las restricciones. Ni estaban obligados a declararse en quiebra los deudores, ni tampoco se admitían a trámite la solicitudes de concursos necesarios por parte de los acreedores. La medida siguió en vigor hasta el pasado 30 de junio. Aunque la exención era voluntaria y cualquier negocio sin futuro podía igualmente notificar al juzgado su incapacidad para pagar las deudas, la última prórroga ya no gustó mucho a los partidarios de cortar por lo sano la agonía de las compañías endebles. En 2020 se presentaron 200 concursos de acreedores en Galicia, un 22% menos que el ejercicio anterior (256). El número subió a 269 en 2021 y entre enero y junio de este 2022 hubo un ligero rebote del 7% en comparación con el primer semestre del año pasado, hasta los 157. El fin de la moratoria, el freno también a las ayudas públicas vinculadas al COVID-19 y el nuevo respingo económico por la desbocada inflación avivan las voces que auguran una avalancha de concursos a partir de ahora, pese a que la morosidad con la banca, especialmente los créditos avalados por el ICO, no muestran de momento síntomas de una hecatombe.

Lo cierto es que las empresas zombis forman una especie perpetuada en el tiempo, al margen de la crisis del coronavirus y del huracán actual por los costes. “Pueden definirse como aquellas que no son capaces de cubrir sus gastos financieros con sus resultados”, explica Informa D&B, filial de Cesce, la gestora de riesgo comercial participada por el Estado y las principales compañías financieras y de seguros en España. La denominación suena a apodo facilón, pero es un término reconocido y estudiado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para catalogar a las empresas de más de 10 años de existencia que no cubren su carga de intereses con su excedente bruto de explotación durante, al menos, tres años consecutivos. También el Banco de España habla de ellas para referirse a las que tiene un ratio de cobertura de interés –el beneficio antes de impuestos e intereses sobre su carga financiera– menor a 1 durante dos años consecutivos, sin contar los holding ni las sociedades de reciente creación.

En esa situación están en España 47.210 empresas, según el balance de Informa D&B, de las que algo más del 7%, unas 3.300, tienen su sede en Galicia. El anterior análisis de principios de 2021 ya recogía más de 3.000 firmas merodeando la insolvencia en la comunidad. El 30% se dedicaba a la construcción o al sector inmobiliario y casi un 20% al comercio.

Además, una de cada cinco sociedades inscritas en el Registro Mercantil radicadas en Galicia, alrededor de 51.400, carecían de actividad comercial. Ni operan, ni presentan cuentas públicas. En todo el país superan los 1,2 millones. La mitad se constituyó antes de 1995.

Pensando en el contexto pos-COVID, también Funcas presentó este año un análisis sobre las empresas zombis para radiografiar las vulnerabilidades del tejido productivo. El peso de este tipo de compañías ahogadas en Europa supone más del 2% tanto en volumen de activos como de empleados. En España rondarían el 2,5%, la mayoría procedente de la crisis anterior de 2008.

El Banco de España confirma que las petrolíferas disparan sus márgenes

La mitad de las grandes empresas sube sus beneficios el primer trimestre

Con bastantes matices para intentar maquillar la cifra, Repsol comunicó hace unos días a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que su margen en la actividad de refino de petróleo estaba disparándose este año por encima del 200%. No es un caso aislado. La mitad de las grandes empresas del país también exprimieron su negocio en el arranque de este año, según el análisis publicado ayer por el Banco de España a partir de una selección de los datos de la Central de Balances Trimestral. Y sí, también el regulador confirma que las petroleras son, de lejos, la principal actividad donde el precio final al consumidor se incrementa muy por encima del encarecimiento de los costes internos de las compañías. Las sociedades medianas incluidas en la muestra, en cambio, “no habrían experimentado apenas cambios en sus márgenes”. 

Los resultados “evidencian que en el primer trimestre de 2022 continuó el proceso de recuperación de la actividad de estas empresas iniciado el año anterior”, destaca el Banco de España, aunque la cifra neta de negocio no alcanzó todavía los niveles previos al COVID-19. “Este mayor dinamismo se habría producido en un contexto de fuerte aumento de los costes de producción –recuerda el estudio–, por el impacto asociado tanto al encarecimiento de las materias primas, incluidas las energéticas, como a los cuellos de botella en las cadenas de producción”. El acelerón se traslada a los beneficios ordinarios, que crecieron un 70%, frente al 8,1% del ejercicio anterior.

En un momento en el que se habla tanto de pacto de rentas, con más hincapié en desvincular la mayoría de pensiones y los sueldos públicos del Índice de Precios al Consumo (IPC) y no tanto en que la llamada a un acuerdo implica que las empresas contengan sus beneficios y el coste que ponen a sus productos para aliviar la inflación, el Banco de España apunta que “en la mayoría de los sectores, el crecimiento mediano de los precios de venta habría sido similar al de los costes unitarios”. “Ello sugiere que la empresa representativa de dichos sectores habría trasladado en gran medida a sus clientes el crecimiento de sus costes”, remarca el supervisor. El alza anual del IPC se situó en junio por encima del 10%, pero ya al cierre del primer trimestre superó el 7%.

Las eléctricas  

No lo están haciendo todas las actividades por igual. En el caso de las energéticas, por ejemplo, las comercializadoras de electricidad soportan un alza de costes de más del 110% y el alza al cliente no llega al 90%, mientras que las generadoras sí encarecen más sus tarifas frente a lo que les cuesta ahora la producción. Coquerías y refino se llevan la palma: algo más de un 60% de subida de costes y cerca del 80% de incremento en el cliente.

Fuera de la energía, el Banco de España señala al transporte y la hostelería como los dos grandes sectores donde los precios finales ascendieron más que los costes internos, todo lo contrario de lo que sucede en los productos minerales y metálicos. 

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