La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró formalmente la pandemia del COVID-19 hace justo un año, tres meses y diecisiete días. El estado de ánimo de la calle se tiñó de negro y, paradójicamente, es difícil recordar cuando los cielos fueron tan azules como entonces. Coincidiendo con el primer estado de alarma y las mayores restricciones para frenar la expansión de casos en España, los niveles de calidad del aire de las ciudades experimentaron “una mejora sin precedentes”, con una caída del 47% en la concentración de dióxido de nitrógeno (NO2), según el balance del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que confirma la vuelta ya a los valores habituales en el último trimestre del pasado ejercicio. “Es preciso tener en consideración que un trasvase de viajeros desde los medios colectivos de movilidad hacia el vehículo privado como consecuencia de la pandemia podría tener como resultado que se alcanzaran niveles superiores a los de años previos”, indica el estudio.
El transporte es el primer foco de emisiones de gases de efecto invernadero en el país, algo más del 29%, seguido de la industria, de la que sale alrededor de una cuarta parte del total. No es el caso de Galicia, donde esos puestos estaban intercambiados por la fuerte dependencia de los combustibles fósiles en las actividades energéticas. Pero el carbón se apaga. Entre eso y el confinamiento que también vivieron por la hibernación de la economía, las fábricas manufactureras y los grandes centros de producción en la comunidad redujeron a mínimos históricos la contaminación atmosférica.
Un 28% menos
Sus emisiones alcanzaron las 5,9 millones de toneladas equivalentes de dióxido de carbono (CO2), un 28% menos que en 2019, según el informe de cumplimiento del régimen de comercio de derechos al que están sujetas las plantas industriales con mayor impacto. El Gobierno les asigna un techo anual de CO2 sin coste acorde a los criterios europeos durante un periodo determinado, en este caso entre 2013 y 2020. Si se pasan de la cantidad prevista, deben comprar tantos derechos de emisión como toneladas de más emitan.
¿Y de dónde viene ese extra? De las otras instalaciones que lograron no pasarse de la asignación que tienen. Los límites son cada vez más bajos y, por tanto, las subastas con las sobras adelgazan, para conseguir un recorte efectivo de los gases de efecto invernadero en la UE. De ahí la disparada cotización en los precios de los derechos de CO2 –unos 24 euros de media por tonelada– de la que tanto vuelve a hablarse estos meses por el impacto en el recibo de la luz y que entre las instalaciones industriales gallegas supuso un coste de casi 60 millones de euros.
A diferencia del resto, las centrales de producción de electricidad que contaminan no tienen un cupo de CO2 gratuito. Todo lo que emiten deben compensarlo adquiriendo derechos en el mercado. Esa es una de las razones por las que los grandes grupos del sector en España aceleraron su apuesta por las renovables y están cerrando todas las térmicas.
Centrales eléctricas
Naturgy clausuró la planta de carbón de Meirama el año pasado y Endesa hará lo mismo con la de As Pontes, que lleva ya desde 2019 a medio gas. Ocupa de nuevo el primer lugar entre las instalaciones más contaminantes con algo más de un millón de toneladas equivalentes de CO2, pero con un desplome superior al 56% respecto al ejercicio anterior y del 87% en comparación con 2018, su último año de funcionamiento en condiciones normales (7,9 millones de toneladas). La otra térmica, la de Meirama, lanzó 531.200 toneladas, el doble que en 2019 para agotar el stock de carbón que le quedaba antes de despedirse del sistema eléctrico.
El ciclo combinado de Naturgy en Sabón elevó sus emisiones un 35%, convirtiéndose en la segunda planta del ranking de CO2 en Galicia el año pasado (804.200 toneladas); y en la planta de gas de Endesa en As Pontes se desplomaron un 93% (49.500 toneladas), según los datos que acaba de publicar el Ministerio para la Transición Ecológica.
Lo sucedido con el carbón y, en general, con las centrales de generación de electricidad –adaptadas a un contexto de consumo menguadísimo por el confinamiento y la actividad a medio gas después–, arrastran el global de las emisiones en Galicia durante 2020 a una cantidad un 57% inferior a la media de los 15 años anteriores, desde que en 2005 se estrenó el sistema de derechos.
Pero la caída va más allá del sector energético. En la refinería de Repsol fue del 35%; un 4% en Alúmina en San Cibrao y un 10% en la factoría de Aluminio; del 3,6% en Bioetanol Galicia; el 13% en Industrias del Tablero; o el 19% en Forestal del Atlántico. Entre los descensos destacan también Ence (3,6%), Frinsa (31%) y Stellantis Vigo (2,9%).
