A José Alberto Barreras nunca se le acaba el camino, o eso parece. Sibilino y escurridizo, el propietario de la antigua Factorías Vulcano sabe moverse muy bien en la arena de los tribunales. Pese a la petición del pertinaz fiscal Anticorrupción Juan Pavía, salió airoso de la investigación por la quiebra de Pescanova, en la que tenía 748.100 acciones –que vendió– antes del concurso; ninguno de los directivos imputados fue condenado por desprenderse de títulos antes de la quiebra (delito de uso de información relevante). Con el Puerto de Vigo, la Delegación del Gobierno y el Consejo de Estado en contra, un juzgado de lo Mercantil autorizó la operación de compra por el viejo astillero, concesión incluida, aunque todos los informes advertían que ésta estaba ya extinguida. Firmó una escritura de 7,85 millones de euros, asumiendo el riesgo de perder los 25.000 metros cuadrados portuarios y la salida al mar. Y una sala del Supremo, el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, le dio la razón a sus contrincantes: la concesión expiró y pertenece a la Autoridad Portuaria de Vigo. Pero la batalla, a juicio de sus asesores legales, no ha hecho más que empezar. El holding de Barreras anticipa un remolino de recursos, pleitos y contenciosos con el que, advierte, prolongará la disputa sobre los terrenos de Vulcano “hasta cuatro años”.
Este martes, la dirección del Puerto remitió a la administración concursal de Vulcano el acuerdo de su consejo, con el que procedió a declarar la extinción de la concesión. Pero en Marina Meridional –es la división naval de Grupo Argos, y dueña de Astilleros San Enrique– han apreciado un recoveco; un trámite que “devuelve el proceso a la casilla de salida”. La resolución de la Autoridad Portuaria de Vigo establece, en su punto segundo, lo siguiente: “incoar nuevo expediente de extinción de la concesión administrativa”. Es el hecho de que tenga que proceder a un “nuevo expediente” lo que, para el equipo de José Alberto Barreras, abre todas las vías de litigiosidad y burocracia posibles. Se basan, asimismo, en que “la concesión nunca caducó”, y defienden que la solicitud de liquidación de Vulcano no supuso una extinción ex lege, como ha zanjado el propio Supremo. San Enrique presentará recurso contra este fallo del Alto Tribunal, firmado por el propio Carlos Lesmes. El derecho de usufructo del antiguo astillero sobre esos terrenos terminaría en diciembre de 2027, en caso de haber sobrevivido a su última (y definitiva) insolvencia; a esta fecha se agarra Argos.
La escritura
Cuando los administradores concursales procedieron a la venta de la unidad productiva de Vulcano –con el visto bueno judicial–, incluyeron una cláusula en el contrato para que Barreras no pudiera reclamar perjuicios en caso de perder la concesión y la salida al mar. “Como quiera que la Autoridad Portuaria ha iniciado expediente de extinción de la concesión administrativa, actualmente sometido a decisión judicial, circunstancia ésta perfectamente conocida por los comparecientes, en el supuesto de que por tal circunstancia, o como resultado de cualquier expediente administrativo o procedimiento judicial [...] lograse la extinción de la concesión o la reversión de la misma, ello no afectará a la perfección de esta compraventa, entendiéndose perfecta y válida, manteniéndose inalterable el precio pactado”, fija la cláusula quinta.
Argos trató de retirarla el pasado noviembre, tras lo que los administradores amagaron con romper el preacuerdo de venta de las instalaciones. La crisis se solventó tras la intervención del propio patrón del holding. “Existen estúpidos rumores en Vigo que creen que estamos buscando una operación inmobiliaria especulativa con los terrenos, lo cual es absurdo”, escribió Barreras, por correo electrónico, a Emilio Rodríguez de Dios y Diego Comendador. “Los 7.852.000 euros los vais a cobrar siempre, y dudo mucho que con cualquier otro camino que iniciéis podáis conseguir mayor cantidad de dinero y, sobre todo, cobrado en menos tiempo”. La compra se ejecutó, con el riesgo inherente de perder casi la mitad de los terrenos del astillero. Como así fue.
El presidente del Puerto, Jesús Vázquez Almuiña, advirtió que no se dará prioridad al naval en el concurso con el que se buscará nuevo inquilino a los terrenos en disputa. “Los pliegos tendrán una sensibilidad especial para ver qué es lo que necesita el Puerto de Vigo. Apoyamos cualquier tipo de actividad que traiga detrás un proyecto sólido”.
Claves
1 Nuevo expediente de extinción
Para el equipo jurídico de Grupo Argos, el hecho de que el Puerto inicie un nuevo procedimiento abre una nueva vía para sus intereses: “El proceso vuelve a la casilla de salida”. Estiman que los distintos procesos judiciales pueden alargarse varios años.
2 Contrario al fallo del Supremo
El Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, una sala del Supremo, estimó la postura del Puerto de Vigo, en tanto la concesión estaba extinguida desde el momento en que Vulcano pidió la liquidación, y que el organismo que preside Vázquez Almuiña tiene plena facultad de decisión.
