En el año 2015 la banca acreedora asumió el negocio de Pescanova SA (o vieja Pescanova): se creó la sociedad limitada que opera a día de hoy, el banquero Jacobo Fernández-Robatto asumía la tutela única –hasta el nombramiento de un consejo de administración– y la multinacional encaraba un océano de retos tras haber superado un concurso colosal. Había convencido a las entidades financieras para que asumieran una quita superior a los 1.500 millones de euros, a cambio de quedarse con el 80% de la empresa. Hasta que los bancos tropezaron con los minoritarios; la mayoría, ahorradores que, en su día, habían confiado en la palabra y los números de Manuel Fernández de Sousa para meterse en Bolsa. El convenio fijaba que estos antiguos socios –representados por la vieja matriz– podrían quedarse con el 20% de Nueva Pescanova SL, pero solo si aportaban 7,32 millones de euros en efectivo. No lo hicieron, pero retuvieron ese 20% igualmente gracias al respaldo del fondo distressed (buitre) Broadbill Partners. Poco le duró: vieja Pescanova apenas cuenta hoy con el 1,65% del mayor grupo pesquero de España tras las operaciones de reducción de deuda dirigidas desde Chapela. Ahora, a las puertas de una nueva ampliación, tiene la oportunidad de salvaguardar este estatus.
Nueva Pescanova convocó ayer una junta extraordinaria de accionistas para el 23 de febrero, como avanzó FARO en su edición digital, para reducir la losa de pasivo que todavía inunda su balance. Aspira a convertir en acciones hasta 643 millones de deuda, que devenga intereses de hasta el 3% hasta el año 2044. Pero, en paralelo, procederá a una ampliación por importe de 50 millones de euros “mediante aportaciones dinerarias”. Esto es, con dinero líquido. “Se propone la supresión del derecho de preferencia con la finalidad de permitir a los socios mantener su porcentaje de participación en el capital social”, reza el punto séptimo de la orden del día, firmada por el presidente del holding, José María Benavent.
De este modo, los minoritarios agrupados en vieja Pescanova tienen la opción de conservar su 1,65%, como máximo. Es un planteamiento que siempre ha defendido su consejo. “Siempre hemos dicho, no solo ahora, sino en 2017, que si lo que se planteaba era una ampliación dineraria, nosotros acudiríamos. Podemos conseguir el dinero”, apuntaron a este periódico desde la sociedad anónima. “Lo que no vamos a admitir son acuerdos de refinanciación para beneficiar únicamente a los acreedores”. Pescanova SA no es acreedora de la deuda concursal de la pesquera.
De igual modo, los demás accionistas podrán realizar aportaciones dinerarias para mantener su posición. También Abanca, si desea retener el 88.40% que titula en la multinacional, y que alcanzó tras la compra de participaciones de Merrill Lynch y Bank of America. Aunque la deuda de Nueva Pescanova es más valiosa a día de hoy que sus acciones, el mercado –muy trufado de movimientos especulativos– sigue otorgando al grupo un valor superior a los mil millones de euros.
Pero entre los planes de Abanca no figura una venta inmediata, según se desprende de las últimas declaraciones de su presidente, Juan Carlos Escotet, sino por la incorporación de un “socio industrial”. En todo caso, los títulos de la pesquera no devengan beneficios, ni lo harán a medio plazo; la deuda, no obstante, reporta ingresos constantes, ya fijados, y por eso cotiza mejor.
Con los 50 millones de la ampliación de capital (dineraria), Nueva Pescanova pretende reforzarse para encarar su plan estratégico 2020-2024, que se quedó cojo después de que el Mercantil tumbase su anterior plan de refinanciación. El que se votará el día 23 en Chapela es un canje de deuda voluntario; el que había diseñado el equipo de su CFO, Raimon Trias –sometido a homologación judicial–, no.
Un año de tres meses
En la misma junta, la pesquera someterá a votación cambios en el cierre del ejercicio fiscal. Como la mayoría de las empresas, las cuentas de Nueva Pescanova reflejan el periodo enero-diciembre del negocio. A partir de ahora, el año fiscal irá de abril y marzo. ¿Qué pasará entonces con los tres primeros meses de 2020? Pues que serán formalmente un año en sí mismo, en el que KPMG ejercerá de auditor. Muchas compañías pesqueras, principalmente las niponas, cierran su ejercicio en marzo, adaptándose a la estacionalidad del consumo y a las campañas de pesca. Es el caso de gigantes como las japonesas Maruha Nichiro, Nippon Suissan Kaisha, Mitsubishi Corporation, OUG Holdings, Marubeni o las británicas Andrew Marr International y Young’s Seafood.
Convenio a la vista
Los convenios colectivos de los centros industriales de Nueva Pescanova en Galicia (Chapela, Porriño y Arteixo), así como el de las oficinas corporativas, vencieron el 31 de diciembre pasado. La última vez que la compañía emprendió la negociación de estos acuerdos recibió un duro revés de su plantilla, que protagonizó (2017) la primera huelga en la historia del grupo. La mediación de José María Casas de Ron y Verónica Martínez Barbero –actual directora general de Trabajo, fichada por Yolanda Díaz– fue crucial para rebajar la tensión y alcanzar un acuerdo. En total, son cerca de 700 los trabajadores que están pendientes de estos cuatro convenios.
Según pudo saber FARO, al menos dos centrales sindicales plantearon la posibilidad de alcanzar un único acuerdo marco para todos los empleados del grupo asentados en Galicia, pero la dirección de la empresa volverá a abordarlos centro por centro. Las primeras tomas de contacto, ya con planteamientos por escrito, se producirán en las próximas semanas. Eso sí, la representación legal de los trabajadores reclamará la redacción de un convenio ex novo, en este caso para el personal de las plantas vinculadas al cultivo de rodaballo (Xove y Mougás), al que a día de hoy se le aplica el marco estatal de acuicultura marina. Cuando la banca asumió el control de la compañía y nació Nueva Pescanova, la filial acuícola Insuiña quedó fuera de las operaciones de fusión que hicieron desaparecer marcas como Frinova, Frivipesca, Bajamar Séptima o Frigodis. Todas ellas pasaron a integrarse en la sociedad Pescanova España, aun teniendo convenios laborales independientes entre sí.
