El Supremo desestima el recurso de Luis Calvo y le obliga a indemnizar al aparejador con 10.000 euros

El alcalde de Agolada, Luis Calvo, tendrá que abonar 10.000 euros al arquitecto técnico municipal, Juan Manuel Aires, por las declaraciones que vertió contra él en 2019 durante un encuentro con los vecinos y posteriormente en el pleno de organización y en una emisora loca. Así lo ha decidido el Tribunal Supremo, que desestima el recurso de casación interpuesto por el regidor contra una sentencia de diciembre de 2022 de la Audiencia Provincial de A Coruña, que mantenía esa indemnización pero, al estimar parcialmente el recurso, solo obligaba a Calvo a leer la sentencia dos semanas seguidas en una emisora local. Ahora, con el fallo del Tribunal Supremo, tendrá que cumplir con esa indemnización que ya marcaba el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de A Coruña y con la publicación del fallo que marcó la Audiencia Provincial. El juzgado exigía, además, que se difundiese el fallo en la red social Facebook, en bandos en las parroquias y en una lectura pública en el auditorio Manuel Costa Casares.

El Tribunal Supremo recalca que prevalece el derecho al honor del aparejador frente a la libertad de expresión que argumenta Calvo, recalca que las declaraciones de éste tienen “un alto contenido ofensivo y denigrante para la reputación” del técnico, por lo que le causaron un desprestigio profesional. Calvo afirmó que el aparejador cobraba por expedir licencias y que solo acudía a su trabajo dos horas y media. Es más, tras su cese, afirmó que “lo eché como un perro sarnoso”, una afirmación “vejatoria”.

Desde la oposición política local, el PP llevará una moción al próximo pleno para pedir disculpas públicas al regidor, que deben ser realizadas tanto en pleno como en una reunión con los vecinos convocada a tal efecto. La portavoz del partido, Carmen Seijas, añade que “ya se empieza a ver por qué el alcalde se subió mucho la nómina, para atender los pagos de todas estas demandas”, ya que recientemente tuvo que depositar “una alta fianza” por el presunto cierre ilegal de Lácteos Farelo.

El PP también reprende a los demás ediles del gobierno de PAyJ, porque “comprobamos que están dispuestos a ser cómplices de todas y cada una de las falcatruadas del alcalde”.