Pontevedra es la provincia que registra un mayor número de infracciones urbanísticas detectadas por la APLU. En la primera mitad de 2019 figuran 52 derribos, frente a los 12 de A Coruña, 10 de Lugo y un único caso en Ourense. Las estadísticas de 2018 también lo confirman: En Pontevedra se llevaron a cabo 109 demoliciones para reponer la legalidad, frente a las 75 de A Coruña, las 16 de Lugo y las 10 de Ourense. Es también la provincia en la que más multas coercitivas fue necesario imponer para devolver los terrenos a su estado anterior: 289, frente a las 157 de A Coruña, 64 de Lugo y 28 de Ourense. Las sanciones son una de las razones del alto cumplimiento de las órdenes de reposición por parte de los promotores, dado que solo un 6% de los derribos se tuvo que realizar mediante ejecución subsidiaria por parte de la administración con la posterior repercusión del coste sobre los propietarios.
