Fallece el exalcalde de Ribadumia Nené Barral, sin ser juzgado por contrabando

Tenía 79 años y murió a consecuencia de un cáncer

Fue regidor entre 1983 y 1991 y estaba pendiente de juicio por un cargamento de medio millón de cajetillas de tabaco

El exalcalde de Ribadumia, Nené Barral.

El exalcalde de Ribadumia, Nené Barral. / Iñaki Abella

José Ramón “Nené” Barral falleció este jueves a consecuencia de las complicaciones del cáncer de colon contra el que llevaba tiempo luchando. Dentro de un mes cumpliría 80 años. El exalcalde de Ribadumia, que estaba pendiente de un juicio por contrabando de tabaco, será enterrado el viernes en Ribadumia y la misa de funeral será en la iglesia de András (Vilanova). La familia ha pedido respeto por su intimidad y no recibe duelo.

El Ayuntamiento emitió una nota de condolencias y anunció que desde hoy la bandera ondeará a media asta y con crespón negro.

Barral fue en su momento una persona muy conocida en O Salnés, tanto a nivel político como por ser, presuntamente, uno de los líderes del negocio del contrabando de tabaco. Su nombre aparece en las primeras investigaciones judiciales sobre la materia, a principios de la década de los 80, junto a los de otros tabaqueros legendarios, como Vicente Otero, “Terito”. Sin embargo, Barral nunca fue condenado por contrabando de cigarrillos.

A nivel político, su ascenso fue imparable. En 1983 accedió a la Alcaldía de Ribadumia con Alianza Popular, y cada cuatro años renovaba la mayoría absoluta. Muchos vecinos de Ribadumia le adoraban, y prueba de ello es que no fueron pocos los que lloraron en mayo de 2001, cuando Barral se vio obligado a dimitir de la Alcaldía tras ser detenido como presunto responsable de un alijo de casi medio millón de cajetillas de tabaco localizadas en un barco en Vigo.

Hasta entonces, Barral había apadrinado al actual presidente de la Federación Galega de Fútbol, Rafael Louzán, que empezó siendo su lugarteniente en el Ayuntamiento y acabaría convirtiéndose en uno de los hombres más poderosos de la provincia de Pontevedra, presidiendo la Diputación.

Sin embargo, las relaciones entre ambos fueron deteriorándose, hasta el extremo de que Barral decidió regresar a la arena política dos años después de su detención. Lo hizo al frente de un partido independiente, y mantenía intacto su magnetismo electoral. Tanto es así que perdió aquellas elecciones contra el Partido Popular por solo dos votos, que los conservadores obtuvieron en los despachos, tras una campaña en la que el PP puso en marcha toda su maquinaria. Poco a poco, sin embargo, la influencia política de Barral se fue difuminando.

Nené Barral, de pie a la derecha, cuando acudió al juicio por tráfico de tabaco en septiembre de 2022.

Nené Barral, de pie a la derecha, cuando acudió al juicio por tráfico de tabaco en septiembre de 2022. / Rafa Vázquez

Dejaba un bagaje con luces y sombras. Con él, la localidad de Barrantes había experimentado un crecimiento urbanístico muy acelerado, y fue el promotor del polígono industrial de Cabanelas, en el que encontraron empleo decenas de vecinos. Pero también eran muchos los que le recriminaban su forma de gobernar, presuntamente poco democrática.

A mediados de la pasada década, fue procesado por delito fiscal, y Nené Barral acabaría aceptando un acuerdo con la Fiscalía, en virtud del cual él abonaba 700.000 euros y a cambio el Ministerio Pública retiraba la acusación contra sus tres hijas.

Barral se enfrentaba ahora a otro juicio, por el cargamento de tabaco de 2001. La instrucción llevaba más de 20 años en los juzgados de Vilagarcía y finalmente la causa se evacuó a la Audiencia de Pontevedra. Pero el juicio también ha experimentado numerosas dilaciones por diversas causas. La última vez que se trató de juzgar a Barral y a su organización fue en septiembre, pero el investigado ya estaba entonces muy enfermo.

Solicitó el aplazamiento de la vista, y los magistrados ordenaron el archivo provisional de la causa hasta que se recuperase. Adoptaron esta medida para que no siguiesen corriendo los plazos procesales y no llegasen a prescribir los delitos que se le imputaban al arousano. El fiscal pedía para él una pena de 10 años y seis meses de prisión, y una multa de 15 millones de euros.