Las bateas de Ourense

La complejidad de la convivencia entre turismo, industria y medio ambiente obliga a hilar muy fino al estar en juego derechos y obligaciones de los actores que intervienen. Poner demasiadas trabas a industrias vinculadas al mar como A Ostreira en O Grove y se autoricen macroinstalaciones de ocio en esas mismas orillas, a veces incontrolables parece, cuando menos, contradictorio.

Quizás no haya demagogia como denuncia la vicepresidenta de la Xunta Ángeles Vázquez pero lo que sí está claro es que la razón debe primar al adoptar decisiones trascendentales que puedan hipotecar el futuro de un país, con argumentos proteccionistas.

La industria del mar, como su propio nombre indica, solo puede desarrollarse en este espacio de máxima sensibilidad; y negar dicha evidencia es conminarla a la desaparición o, lo que es lo mismo, cargarse los cimientos económicos de Galicia, algo que debe evitarse a toda costa. Regular el litoral gallego desde Madrid es, como mínimo, una aberración, simplemente porque se propone el mismo rasero a la costa mediterránea que la cantábrica o la atlántica. Y se emplea esta fórmula de “café para todos” por el simple hecho de corregir la anarquía del bum del ladrillo, que nada tiene que ver con lo que ha pasado en Galicia, ni siquiera en Sanxenxo.

El sector del Mar soporta en la actualidad la máxima presión tanto por las exigencias y trabas de la administración como fruto de causas endógenas, en cierta medida derivadas del cambio climático que ha puesto el agua del mar a temperatura de caldo, que reduce la salinidad debido a las frecuentes inundaciones o que multiplica especies alóctonas invasoras apenas nunca vistas en estas latitudes, como tiburones azules, moluscos gigantescos (liebres de mar) y hasta grandes cetáceos, sin olvidar las plagas como la de la marteilia y otras que arrasan por donde se cruzan.

A mayor inri, conflictos como el de la mejilla que mantuvo en pie de guerra a los bateeiros durante todo el invierno o los episodios de contaminación causados por las ciudades o industrias y minas que lastran el inconmensurable mundo marino.

Son muchas las familias que por todo ello ven amenazado su medio de vida tradicional. Defenderles es una misión de todos en un momento crucial en el que no se le deben poner más palos a las ruedas del progreso, como alertan las organizaciones.

No parece lógico, a simple vista, que se impida la modernización de una industria que va a estar especialmente vigilada los próximos 75 años por la administración y por el simple hecho de que para ser rentable necesita mimar el medio que la abastece y, en cambio, dar carta blanca a negocios que sí afectan al dominio público marítimo-terrestre por el simple hecho de que así lo demandan los turistas que acuden a la costa gallega y que solo van a estar dos meses.

Es cuestión de simple sentido común. La industria del mar precisa de ese medio y, como bien caricaturizaba la vicepresidenta de la Xunta el pasado lunes en O Grove resulta anodino ubicar una batea en la provincia de Ourense. Porque realmente eso es lo que se propone desde el ministerio cuando informan desfavorablemente proyectos que demandan las cofradías, las depuradoras, las conserveras o una histórica planta acuícola.

Imaginen ustedes que en Castilla se impida mejorar una fábrica de harina porque afecta al paisaje rural. ¡Sean coherentes!

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