¿Podrán las comunidades de montes vender sus bonos de carbono?

La lucha contra el cambio climático y la transición hacia energías más limpias podría generar nuevas oportunidades para las comunidades de montes en mano común. Pero para ello es necesario introducir una serie de cambios en las actuales leyes que regulan el monte y la propiedad colectiva del mismo. En concreto, Xosé Alfredo Pereira Martínez, presidente de la organización gallega de comunidades (ORGACCMM) afirma que estas agrupaciones vecinales aspiran desde hace tiempo a vender sus bonos de carbono sin intermediarios y a constituir comunidades energéticas locales. Pero ambos proyectos se ven imposibilitados actualmente por la burocracia.

La casa da cultura de Trabanca Badiña acogió ayer a mediodía una reunión de Pereira con las directivas de la Mancomunidade de Comunidades de Montes de Vilagarcía, que preside Ramón Bueno. El objetivo central del encuentro era sondear la posibilidad de retomar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que la ORGACCMM impulsó el pasado año en favor de una nueva ley autonómica de montes. Los promotores recogieron 12.000 firmas, pero el asunto ya ni llegó a debatirse en el Parlamento gallego porque el PP hizo valer su mayoría absoluta para tumbar la ILP sin llegar al trámite ordinario.

Pero la organización gallega de comunidades no se da por vencida, pues considera que una nueva ley es muy necesaria, sobre todo por dos motivos principales. El primero es que allanaría el camino para la modernización de las comunidades y adaptaría la legislación a los actuales escenarios de lucha contra el cambio climático y de energías limpias.

La ORGACCMM decidirá los próximos pasos a dar en una asamblea el 18 de marzo en O Porriño

El segundo es que, según Pereira Martínez, evitaría que la Xunta ahondase en su intención de convertir las comunidades en sociedades jurídicas convencionales y de abrir sus puertas a cualquier persona o entidad que tenga alguna propiedad en el monte, eliminando de este modo la ancestral obligatoriedad de que los comuneros deben residir en las aldeas.

Pereira Martínez se reunió con los directivos de la Mancomunidade de Vilagarcía, y se decidió que el asunto se abordará en las asambleas de cada una de las comunidades. Posteriormente, pasará también por la de la Mancomunidade, una entidad que agrupa a una buena parte de estos colectivos de Vilagarcía.

Finalmente, el 18 de marzo la ORGACCMM decidirá en su asamblea de Tomiño si retoman la campaña iniciada el pasado año con la ILP o si esperan a una ocasión más propicia.

En este sentido, la organización gallega ya se ha reunido con las mancomunidades de Barbanza y Vigo, y tras el encuentro de ayer con las de Vilagarcía, le falta por pulsar el ambiente en las de O Morrazo, Pontevedra y Baixo Miño.

Reivindicaciones del sector

La organización presidida por Xosé Alfredo Pereira cuestiona duramente las modificaciones legislativas que la Xunta pretende plasmar en un “libro blanco” del sector, pues en su opinión persiguen una “privatización encubierta” de las superficies comunales. Así, por ejemplo, advierte de que eliminar la obligatoriedad de la residencia para ser vecino abriría las puertas de las comunidades, por ejemplo, a una empresa eólica que tuviese uno o más aerogeneradores en una determinada parroquia. Y, según él, la conversión de las comunidades en sociedades jurídicas, similares en su naturaleza a una empresa privada, “permitiría que fuesen vendidas, heredadas...”.

Pereira demanda a la Xunta de Galicia la convocatoria del Consello Forestal, que estaba previsto para principios de este 2023. Sostiene que hay asuntos relevantes que poner sobre la mesa, como la posibilidad de que los comuneros puedan constituir comunidades energéticas locales -lo que redundaría en el acceso de los vecinos a energía más limpia y barata-, y vender directamente bonos de carbono (CO2) a las empresas que necesitan compensar sus emisiones. De este modo, “las comunidades no perderían el dinero que ahora mismo se llevan los intermediarios”.

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