El conflicto con Costas se calienta

Los depuradores cargan contra el Gobierno y el PP decide salir a la calle

Luis Aragunde y otros miembros del PP, en Tragove.

Luis Aragunde y otros miembros del PP, en Tragove. / Iñaki Abella

Manuel Méndez

Manuel Méndez

La Asociación Gallega de Depuradores de Moluscos (Agade) pone el grito en el cielo tras conocerse el informe de Costas del Estado mediante el que se cuestiona el futuro de algunas de sus empresas, la plaza de abastos y otros negocios asentados en la zona portuaria de Tragove (Cambados).

Paralelamente, el PP pone en marcha una campaña de presión contra el Gobierno de España mediante la que visibilizar esa amenaza que, directa o indirectamente, pesa sobre el conjunto del sector mar-industria de Galicia.

Los conservadores han decidido plantar cara a Costas con una concentración de protesta a desplegar el jueves que viene, a las 19.00 horas, a las puertas de la casa consistorial cambadesa.

Es por ello que el PP local, liderado por Luis Aragunde, solicita el apoyo del pueblo cambadés, y de los arousanos en su conjunto, ya que “se trata de mantener y defender los empleos y riqueza que genera esta cadena mar-industria en el municipio y toda la ría”.

“Nadie puede imaginarse el futuro de Cambados, la ría y Galicia sin conserveras, depuradoras de moluscos, cocederos y otras empresas directa o indirectamente ligadas al mar de las que depende toda la sociedad, y muy especialmente, nuestras cofradías de pescadores, los mariscadores y bateeiros”, reflexiona el propio Aragunde.

Antes de recalcar que “las depuradoras son del todo inviables fuera de la línea de costa, ya que tienen una dependencia vital del agua de mar”.

En lo que coincide Agade, donde ayer se posicionaban para criticar que Costas y el Ayuntamiento de Cambados aludan a un informe estatal de 2013, bajo gobiernos del PP, que supuestamente también atentaría contra empresas de la zona portuaria.

“Aún siendo esto cierto, no deja de ser una verdad a medias, pues aquel informe se elaboraba en la tramitación del documento ‘Delimitación del Espacio y Usos Portuarios del Puerto de Cambados’, y aunque condicionaba igualmente la situación de determinadas edificaciones, la tramitación posterior permitió alcanzar un acuerdo entre la Xunta y el Estado para aceptar sin alteración alguna con respecto al emplazamiento actual las tres depuradoras y demás edificaciones ahora en litigio”.

Tres décadas sin problemas

En lo que atañe a esas tres depuradoras de Tragove, “se manifiesta por parte de Costas del Estado que entienden que es una actividad que no debe estar emplazada en dominio público, ante lo cual, cabe recordar que la Ley de Costas data del año 1988, por lo tanto está a punto de cumplir 34 años, y a lo largo de tan dilatado plazo de tiempo se han venido otorgando nuevas concesiones para depuradoras de moluscos a lo largo de toda la costa española, o renovando las ya existentes, sin el más mínimo cuestionamiento sobre la imperiosa necesidad de que ocupen dominio público marítimo-terrestre, dadas sus bien conocidas necesidades de captación de agua de mar”, explican en la entidad que tiene a Juan Maneiro como secretario general.

Por tanto, “debemos entender que tuvo que ser el actual Gobierno del Estado el que, en un acto de lucidez jurídica, viniese a enmendar la plana a los anteriores gobiernos de Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero o Mariano Rajoy”, ironiza la patronal.

Desconfianza

También quiere dejar constancia de que el Estado “recurre como argumento a una sentencia de la Audiencia Nacional del año 2020, sin aportar mayor referencia sobre la misma, por lo que, lejos de tranquilizarnos, aportando un plus de seguridad jurídica, consigue inducir en las empresas de Agade un mayor nivel de preocupación y desconfianza con respecto a las intenciones de Costas”.

Este colectivo dice estar a la espera de que el Estado “nos aporte la información precisa para localizar y poder estudiar con detalle dicha sentencia, la cual no aparece por ninguna parte”.

Depuradoras de Tragove que pueden verse amenazadas.

Depuradoras de Tragove que pueden verse amenazadas. / INAKI ABELLA DIEGUEZ

Por si no fuera suficiente, “desde Costas del Estado llegan a proponer que sean las propias empresas depuradoras las que justifiquen técnicamente la necesidad de que sus instalaciones estén implantadas en los suelos que ocupan, lo cual carece de toda lógica, ya que todo el mundo sabe que nuestras depuradoras necesitan estar situadas lo más cerca posible del mar, ya sea en su ribera o en los espacios portuarios”.

Así las cosas, y tras asegurar que “en los despachos de Madrid tienen un total y absoluto desconocimiento de cuáles son las necesidades de este tipo de empresas”, Agade espeta que “en ningún caso” participará “en la elaboración del demandado estudio técnico, partiendo del convencimiento de que, hasta ahora, a las depuradoras siempre se les reconoció la necesidad de desarrollar su actividad cerca del mar, con la consiguiente ocupación del espacio público marítimo-terrestre, y si Costas realiza ahora una interpretación totalmente contraria, debe ser el Estado el que explique por qué”.

Luis Aragunde: “Es el Gobierno de España el que debe mover ficha para acabar con este despropósito”

En cuanto a la postura del PP, ya se avanzaba ayer, en la edición digital de FARO, de que convencido de que “el problema generado” y la “solución necesaria” dependen “única y exclusivamente” del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el líder de los conservadores considera que “hay que dejarle muy claro que el sector mar-industria no solo es clave en nuestro municipio y toda Galicia, sino, también, que tiene el apoyo de toda la sociedad”.

Nadie puede imaginarse el futuro de Cambados, la ría y Galicia sin conserveras, depuradoras de moluscos, cocederos y otras empresas directa o indirectamente ligadas al mar de las que depende toda la sociedad

Luis Aragunde

— Líder del PP de Cambados

Lo que quiere decir es que “entre todos tenemos que apoyar a este sector y unir esfuerzos, aportando cada uno su pequeño grano de arena y dando visibilidad a nuestra preocupación y a la trascendencia socioeconómica de estas empresas”.

E insiste en que “es el Gobierno de España el que debe mover ficha para acabar con este auténtico despropósito”.

Transferencias

El mismo que “en su momento hizo que se pidiera al Estado la transferencia del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) para que la Xunta pudiera asumir la gestión de esos espacios portuarios; algo en lo que debemos abundar ahora, para evitar este tipo de situaciones que amenazan el futuro de nuestras empresas”.

Desde el PP, que hace un año ya desplegó acciones de protesta contra la Ley de Costas y a favor del sector mar-industria, también en Cambados, aprovechan para hacer hincapié en que las depuradoras de moluscos “son empresas sostenibles".

Alude a ello explicando que "son las más interesadas en proteger el medio marino del que dependen para subsistir”, siendo éste otro de los argumentos manejados para pedir que les dejen seguir trabajando en zona portuaria, como hacen las de Tragove.

Una protesta desplegada por el PP provincial en Tragove, hace un año.

Una protesta desplegada por el PP provincial en Tragove, hace un año. / INAKI ABELLA DIEGUEZ

Esto es tanto como decir que “no se puede pretender trasladar esas industrias tierra adentro, que es lo que pretenden en Madrid, haciendo gala de un absoluto desconocimiento de este medio de vida, por eso insistimos en reclamar la transferencia a la comunidad autónoma, ya que esto también haría más fácil hacer una transferencia desde la Xunta a los municipios que les permita gestionar directamente los terrenos que, aún estando en los puertos, carecen de actividad portuaria”, añade Aragunde.

En cualquier caso, “ese traspaso puede ser un proceso complejo y largo, por eso ahora, dado que no hay tiempo que perder, insistimos en que el Gobierno central debe mover ficha a la mayor brevedad posible para poner fin a esta problemática y garantizar el futuro de esas empresas asentadas en el litoral”.

Algunas de ellas, por cierto, depuradoras que “necesitan renovar o ampliar sus instalaciones pero que no se atreven a hacerlo, dada la preocupante inseguridad jurídica a la que están sometidas, pues no tiene sentido que inviertan en mejorar si no saben si podrán seguir funcionando en el futuro".

Y no podrán hacerlo "en caso de que Costas no quiera renovar su concesión y las obligue a marcharse”, concluye Luis Aragunde.

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