La empresa Frigrove, asentada en Siradella (O Grove) y dedicada a la manipulación, limpieza y transformación de pescado -especialmente atún-, culmina un largo proceso administrativo con el que pretende afrontar la legalización y ampliación de sus instalaciones.

La Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística (APLU) amenazó con derribar una de las naves, y lo que se hizo ayer fue entregar en la Xunta toda la documentación necesaria para salvaguardar tanto esa infraestructura como el conjunto del complejo fabril de la familia Escalante.

Se trata de uno de los proyectos laborales más importantes del momento en la localidad, ya que esta industria genera alrededor de 240 puestos de trabajo y se cree que con la ampliación puede producir cien empleos más, en una primera fase.

Por este motivo, los propietarios de la empresa pidieron el respaldo del alcalde de O Grove, Miguel Ángel Pérez García, que ayer por la tarde volvió a acompañar a los empresarios en una reunión de trabajo con la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, representada por Agustín Hernández.

Lo que se hizo en este nuevo encuentro mantenido en Santiago fue aportar toda la documentación requerida y, en definitiva, tratar de desbloquear la situación en que se encuentra Frigrove para culminar así el expediente de legalización de una vez por todas.

Parece ser que el complejo empresarial de Frigrove en Siradella "va a quedar en perfectas condiciones" y va a convertirse en uno de los motores del futuro polígono industrial de O Grove, que va a definirse en esa zona mediante el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) actualmente en fase de redacción.

Fue hace justamente un año cuando se anunció que Frigrove se reunía con la secretaria xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, Encarnación Rivas, para presentarle un proyecto de ampliación que iba a permitir duplicar la plantilla y llegar hasta casi medio millar de trabajadores.

En aquella ocasión se dijo que al recinto fabril existente iba a incorporarse una nave anexa adquirida por la empresa, ésta con 1.500 metros cuadrados.

Lo que hizo la secretaria xeral de Urbanismo en marzo de 2013 fue explicar a la empresa cómo proceder después de que Frigrove adquiriera la nave antiguamente propiedad de Pasteurizado de las Rías Gallegas, que estaba en desuso y se situaba al lado de las dos estructuras ya en funcionamiento en este centro frigorífico.

Se trataba entonces de cambiar la licencia original para aprovechar la nave adquirida, y en la Xunta confirmaban que el cambio era posible y que Frigrove debería solicitarlo formalmente al Concello, que debería encargarse de remitir el expediente a la Xunta para lograr la autorización.

Desde Frigrove apuntaban que la adaptación de la tercera nave podría acarrear un desembolso de tres millones de euros, con el fin de instalar vestuarios, una nueva mesa de producción y demás maquinaria.

Unos días después de aquella reunión en Santiago, Frigoríficos del Grove (Frigrove) confirmaba su intención de ampliar las instalaciones y multiplicar su capacidad productiva, para pasar de 70 toneladas de pescado transformado al día a 140 toneladas.

Ya jubilado, Joaquín Escalante, máximo representante de la empresa grovense, manifestaba en FARO que desde la empresa estaban "trabajando muy duro, junto a nuestros socios y proveedores vascos, de la mano de la Xunta y el Concello, para sacar adelante este proyecto, y puedo decir que estamos en condiciones de presentar toda la documentación en breve para conseguir ampliar nuestra actividad".

Esa sería la documentación que se completó ayer, válida además para frenar la amenaza de derribo que se dio a conocer en febrero pasado.

La APLU había ordenado a Frigrove la demolición de esa tercera nave, la que había comprado en 2010 a Pasteurizados de las Rías Gallegas y que, al parecer se empezó a construir en 2001, para retomar el proyecto en 2003 con una licencia para galpón agrícola.

Frigoríficos del Grove presentó hace un mes ante la Xunta el proyecto de legalización de esa polémica nave, y el alcalde explicó a raíz de aquello que los responsables de la empresa y los técnicos municipales se habían reunido varias veces con el propósito de encontrar una solución al problema. La clave es que con la nueva Lei do Solo de Galicia se incluyó un apartado en el que se especifica que las construcciones levantadas antes de una determinada fecha podían solicitar un proyecto de legalización, y eso es lo que ha hecho Frigrove para intentar salvar del derribo la nave adquirida en 2010.