El bum renovable que no llega

Los intensos temporales de noviembre dispararon la aportación de las renovables en Galicia a cerca del 90% de la generación y todo apunta que cerrarán el global de 2023 con una cuota superior al 70%. Jugó a favor la meteorología y una demanda en declive. No hay más músculo. Por segundo año consecutivo, la comunidad escapó de la nueva potencia, a pesar de contar con la mayor cartera de eólica con derecho de conexión a la red eléctrica sin construir, unos 7.500 megavatios (MW), y otros 4.200 en camino de conseguirlo. El atasco administrativo en las autorizaciones definitivas por parte de la Xunta se diluyó con el cribado del Ministerio para la Transición Ecológica para aquellos proyectos enterrados en un cajón. O se les daba vía libre o perdían definitivamente el enchufe. En Galicia salieron adelante 75 instalaciones con 1.900 MW, pero el verdadero terremoto estaba todavía por llegar.

El Ejecutivo regional y los promotores temblaron con la decisión del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) de anular la autorización a EDP para la repotenciación del parque eólico de Corme por la reducción de 30 a 15 días del plazo de audiencia pública del informe ambiental y no exponer en ese mismo momento los informes sectoriales. Aquí, y en el resto de España, la consulta al resto de organismos vinculados a un proyecto energético o industrial se hace de forma simultánea, pero no previamente. En una inédita interpretación de las directivas europeas y de la ley española que guían la evaluación ambiental, la Sala Tercera de lo Contencioso-administrativo concluyó que se estaba vulnerando el derecho de la ciudadanía a una participación efectiva.

Galicia solo instaló el 7% de la nueva eólica desde la resurrección del sector en 2018

Fue solo el primero de muchos fallos que anularon otras autorizaciones o suspendieron de forma cautelar los permisos, provocando un enfrentamiento público entre el propio TSXG, el sector eólico y la Xunta. Hasta principios de diciembre, iban ya más de un centenar de contenciosos y 2.400 recursos administrativos de grupos vinculados al movimiento “Eólica, así non”. Más de la mitad de los proyectos aprobados en la comunidad acumulaban al menos un conflicto, sin que en muchos casos hubieran recibido alguna alegación durante la tramitación.

EDP y Xunta llevaron la anulación de la repotenciación de Corme al Tribunal Supremo. Su veredicto marcaría jurisprudencia y el futuro renovable de España, la famosa seguridad jurídica de la que tanto hablan unos y otros. El fallo llegó como el premio gordo de la Lotería para el sector el pasado día 22 de diciembre: revocó la anulación, descartó que haya que pedir con anterioridad los informes sectoriales porque no hay ninguna ley que lo exija y avaló el atajo del plazo.

El Supremo avala la tramitación eólica en Galicia y evita el shock renovable en España

La Xunta tenía, por si acaso, otros dos ases bajo la manga para desplegar de una vez por todas las renovables en Galicia. Asociada con una treintena de los grandes grupos empresariales de la región, la administración lanza Recursos de Galicia para promover directamente instalaciones renovables y reinvertir los beneficios. Prevé llegar a 2027 con 1.200 MW.

La ley de medidas fiscales que acompaña los presupuestos de 2024 replica, además, la decisión de la UE de considerarlos proyectos de interés superior. Hay 32 iniciativas industriales que dependen de tener energía barata para implantarse en la comunidad, uno de los principales argumentos que da ahora el equipo liderado por Alfonso Rueda para dejar clara su posición a favor del acelerón verde. Incluso en eólica marina, a la que el Gobierno gallego puso muchas pegas cuando el Ejecutivo central optó por impulsar parques flotantes en la costa. Los planes de ordenación, que el sector pesquero gallego rechaza con rotundidad, contemplan hasta cinco polígonos aptos en aguas gallegas, la zona de mayor recorrido en España.