Un binomio de empresas -Inaer y Nanutecnia- acapara la gestión de los helicópteros de extinción forestal en Galicia. La Xunta adjudicó el último aparato, iniciada la campaña de máximo riesgo, al cierre del mes de julio, en un contrato de un millón de euros hasta los próximos dos años. Empresas subcontratadas por los concellos -San Cibrao y Baños de Molgas, por ejemplo, firmaron convenios de 28.000 y 34.000 euros- surten de personal inexperto las brigadas municipales, que compatibilizan la lucha contra el fuego con desbroces. Unidades con distinta formación y costes salariales dispares, dependientes de diversos empresas (Tragsa y Seaga) y organismos (Xunta, Ministerio de Medio Ambiente y Defensa), coinciden en el dispositivo contra incendios. "Es un modelo desorganizado y fragmentado", subrayan los brigadistas. "Es eficaz y coordinado", defiende Medio Rural.

La respuesta a los incendios que, solo en agosto, han devastado 4.000 hectáreas en más de una veintena de frentes de envergadura en la provincia de Ourense, miden el funcionamiento de un operativo, cuya suficiencia, o no, genera discrepancias entre los vecinos afectados -un batallón con mangueras de jardín, ramas y herramientas de labranza- y los políticos. El despliegue masivo de medios no sale gratis. Profesionales, vehículos y aeronaves tienen una tarifa por horas.

La elevada minuta de los incendios forestales recae va a cargo del erario público. El gasto solo se resarce cuando se localiza autor y el proceso judicial le imputa los daños forestales y de particulares afectados, así como el coste de movilizar al operativo. La compleja investigación de los incendios y la generalizada impunidad de los deliberados deja sin resolver la gran mayoría. En 24 horas, según el último dato de la conselleira de Medio Rural, Rosa Quintana, se contabilizaron 105 incendios.

La Xunta dedica en esta campaña cerca de 100 millones de euros para labores de prevención y de extinción, y eleva a más de 7.000 el número de efectivos del operativo computando también a las fuerzas de seguridad y el refuerzo de militares de la UME y patrullas del Ejército en la denominada Operación Centinela. La Xunta aporta 500.000 euros para sufragar las tareas de vigilancia y disuasión de los militares en el monte del sureste ourensano.

Una motobomba: de 46 a 56

Un hidroavión anfibio Foca, con capacidad para unos 5.500 litros, capaz de planear sobre masas de agua para abastecerse, es fundamental para que los frentes no se descontrolen en condiciones adversas de viento o calor, y para salvar in extremis viviendas rodeadas por las llamas. Movilizar uno de estos aparatos cuesta más de 4.208,61 euros cada 60 minutos.

En los peligrosos incendios de Cudeiro y de Velle que cercaron la ciudad de Ourense -ayer se cumplieron siete días, todavía con rebrotes- el ministerio de Medio Ambiente movilizó cuatro de estos aparatos. Además, se desplegó una unidad de meteorología cifrada en 28,9 euros la hora y dos unidades BRIF procedentes de una base de León. Estas brigadas especializadas, que aterrizan en helicóptero en la zona del incendio y operan unos diez meses al año -la única base en Ourense está en Laza- cuestan, según la misma tabla, 230 euros cada hora.

En el mayor incendio del año entre Cualedro y Monterrei -2.200 hectáreas- llegaron a participar, según la Xunta, 4 técnicos, 23 agentes forestales, 63 brigadas, 28 motobombas, 10 palas, 13 helicópteros y 15 aviones. El personal de coordinación del fuego supone un coste de 24 a 28 euros por persona cada hora. Una motobomba supone de 29 a 46. La factura de las brigadas -de 77 a 268 cada hora - varía según su composición, reducidas a "3 o 4" integrantes en esta campaña según las denuncias de la oposición y los sindicatos. Los helicópteros de extinción oscilan entre los 2.833 y 6.000 euros por hora, y los aviones cuestan un mínimo de 855 -el Drómader- a los 5.653 del Matacan, según la tabla de 2007. El helicóptero de coordinación está tarifado en unos 1.695 euros.

Desde la Asociación Profesional de Servicio Público de Defensa contra Incendios Forestales criticaban esta semana la supresión de puntos de vigilancia -la caseta más próxima a la Ribeira Sacra, castigada por 7 incendios en un mes, no opera-, la existencia de un modelo "fragmentado e inoperativo" , y advertían además sobre el riesgo de convertir los incendios en un "lucrativo negocio" por la externalización de parte de la extinción.