Tras doce días muy complicados e intensos en silencio el profesorado del IES Manuel García Barros dio a conocer ayer su "postura" respecto de la vulneración masiva de las cuentas de correo y claves de acceso al sistema de gestión educativo del profesorado del centro detectado el 18 de mayo. En un extenso comunicado dirigido a la "opinión pública" que puede ser consultado en su web, señaló que el "habitual silencio" de las "autoridades" académicas y educativas en los últimos días les demostró "una vez más el desamparo con el que ejercemos nuestras tareas".

Y lo confrontan con "los juicios precipitados" en prensa del delegado del Gobierno, de los "representantes de Fanpa y Fesanpas" y de "alguna asociación que se erige, sin que sepamos con qué legitimidad, en portavoz del alumnado". Piden "rigor, seriedad, prudencia y discreción". Entienden que "todo lo que se diga "puede afectar a las investigaciones en curso" en los ámbitos académico y policial.

Estas se pusieron en marcha los días 18 y 19 de mayo respectivamente. El jueves 18 se detectaron "irregularidades que apuntaban a un acceso ilício a las cuentas de correo del profesoradocuentas de correo del profesorado" que "afectó tanto a los correos corporativos, que tenemos como funcionarios de la Xunta, como al correo del centro que usamos en el ámbito educativo". Tras un "exhaustivo trabajo" se vio que "en varios ordenadores" se habían instalado " programas espías que registraban las claves de acceso a las cuentas, una vez tecleadas". "Revisados los ficheros de registro de los servidores de los servicios afectados se comprobó un elevado número de accesos ilícitos a nuestros correos y a las aulas virtuales del profesorado" se habían producido "repetidamente desde direcciones IP ajenos a los titulares de las claves". Fue entonces cuando se lo comunicaron a la inspectora del centro y la Xefatura de Estudos abrió "expedientes disciplinarios al alumnado directamente implicado".

El 19 de mayo, dado el "carácter masivo de los acccesos ilícitos a los correos del profesorado y la probable vulneración de la privacidad de datos, profesionales y personales", se interpuso "denuncia ante la Unidad de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil" con la intención de "determinar si se incurrió en algún delito, algo que en ningún momento el profesorado dio por seguro" y que entiende que no se puede determinar hasta que lo digan las "instancias pertinentes".

Siguiendo con su relato de los "hechos", el 24 de mayo, el claustro decidió suspender el acto de despedida de segundo de Bachillerato. Es parte de las actividades extraescolares del centro, lo presenta el profesorado y no está supeditado legalmente al Consello Escolar. La "razón" por la que se suspendió fue porque "siendo el profesorado quien la organiza" no "tenía sentido una ceremonia festiva y de celebración cuando estábamos sumidos en semejante desconcierto y desolación".

Concluido su relato de los hechos, el profesorado aclara que "es obligación de todos colaborar con las instancias académicas y con la Unidad de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil para esclarecer los hechos," siendo "indignantes" las declaraciones del delegado del Gobierno, al entender que son "una injerencia intolerable". Ve"deplorable el espectáculo que se está reproduciendo en los medios y las redes sociales al basar su información en filtraciones, deformaciones, distorsiones y opiniones que desconocen los hechos. Pedimos prudencia, responsabilidad y sensatez" ya que se trata de "un presunto caso delictivo muy complejo y que se refiere a un colectivo mayoritariamente menor de edad como es el del alumnado. Toda información filtrada, verdadera o falsa, y todo comentario sin base, frívolo e insensato, perjudica el esclarecimiento de los hechos y solo puede producir preocupación, dolor e indignación". Tampoco entiende que se vea en la suspensión del acto de despedida "presunción de culpabilidad" y remarca que, dado que entendía la "ilusión" que le hacía al alumnado "se les facilitó que hiciesen su fiesta sin la presencia del profesorado". Pero"como educadores" les preocupa la "desmesurada importancia que se le dio a esta suspensión teniendo en cuenta la magnitud de los hechos presuntamente delictivos que se iban conociendo". Y no va a "tolerar" que se dude de su "implicación profesional y emocional con nuestro alumnado": busca el "correcto esclarecimiento de los hechos para el bien de la comunidad educativa".

Deplora las declaraciones del presidente de Fanpa y la "insidia" que vierten sobre el profesorado, entendiendo sus apreciaciones como "una tergiversación malintencionada para intentar hacer recaer en el profesorado la responsabilidad de los graves hechos acaecidos". Al no haberle matizado o corregido la ANPA del García Barros, entiende que lo que dice Fanpa refleja "el sentir" de la ANPA del centro. Para hacer frente a la "increible e intolerable ignorancia" del presidente de Fanpa sobre "los protocolos académicos, quiere aclarar las "acusaciones en las que se pretend euna inversión moral que convierta a las víctimas, los profesores, en culpables". Niega la "negligencia" que les atribuye, destacando que, de acuerdo con el modelo de aula digital, "cada aula del García Barros eestá dotada de por lomenos un ordenador que está a disposición del alumnado para muchas de sus actividades escolares.Es imposible y poco operativo establecer un control exhaustivo de esas entradas. Introducir programas espía es una operación que requiere apenas unos segundos y muy poca pericia". Apunta que los docentes suelen entrar al inicio de cada clase en el Xade y en las cuentas peronales en las que tienen el material educativo sin que tenga que ver "con el uso privado del tiempo de trabajo". Y remarca que "existen varios sistemas de seguridad informática en el centro, algún suministrado por la Xunta y otros habilitados por el personal docente que se dedica, muchas veces fuera de su horario lectivo, a estas tareas. Pero, por muchos sistemas de seguridad que se usen, ningún ordenador está libre de intromisiones, como se pudo comprobar a nivel mundial en los pasados días".