Entrevista | Diego Maraña Presidente de la Asociación En Colectivo

“Mejor oportunidad que esta para librarnos de los peajes de la AP-9 no la vamos a tener nunca”

El abogado que denunció la prórroga a Audasa hasta el 2048 ve “más fortalecida” la demanda tras el segundo requerimiento de Bruselas

En Colectivo urge transparencia al Gobierno sobre el futuro de la Autopista del Atlántico y la AP-66 entre Asturias y León

Diego Maraña, abogado y portavoz de la asociación En Colectivo por la demanda a Audasa

Diego Maraña, abogado y portavoz de la asociación En Colectivo por la demanda a Audasa / Alba Villar

Víctor P. Currás

Víctor P. Currás

Con ánimos y motivos renovados, los sufridos viajeros de la AP-9 ven más cerca el fin de los peajes en la principal vía de comunicación de Galicia. El abogado vigués y presidente de la Asociación de usuarios En Colectivo, Diego Maraña, celebra la segunda carta de la Comisión Europea al Gobierno por la prórroga hasta 2048 así como el fin de las autopistas SCUT aprobado en Portugal.

–¿Cómo reciben el segundo emplazamiento desde Bruselas?

–Muy en positivo, con mucha esperanza de que esto ya pueda ser el camino definitivo para la anulación de la autopista. Una segunda carta es algo importante puesto que la Comisión Europea está detectando que el incumplimiento que manifestamos es una realidad. Al incluir la AP-66 de León-Asturias fortalece más la demanda.

–La respuesta habla de una prórroga “extremadamente prematura” y con el “objetivo de aumentar su valor”. No parece nada nuevo y sin embargo, cobra mayor peso.

–Son palabras mayores porque parece que esa ampliación tenía un fin muy concreto. Que el comisario establezca que el incumplimiento tenía un trasfondo fortalece todavía más que ahora se plantee la anulación de la concesión. Es un beneficio en base al Estado quería venderla, pero repercutiendo negativamente en las economías familiares de todos los gallegos y las empresas.

–España alegó la “excepción in house”. ¿Les sorprende?

–Esa cláusula opera cuando es la administración pública en beneficio de ella misma, pero es evidente que el comisario ha detectado que detrás de ella había un trasfondo económico de engordar el importe de la concesión. No corresponde porque se ve que había un trasfondo de venta.

–¿Qué plazos debemos esperar?

–El 24 de junio finaliza el plazo para contestar y esperemos que esta vez el Gobierno sea transparente y podamos conocer qué es lo que quiere hacer con la AP-9. Ahora mismo se barajan dos escenarios. Que el Gobierno acate la carta y acepte que ha habido incumplimiento. Emitirá un dictamen motivado que supondría directamente la anulación de la concesión y dejar de pagar autopista hasta el 2048. O que el Gobierno nuevamente se oponga a la carta de emplazamiento, alegando no sabemos el qué, ni qué condiciones, ni con qué fundamento, y ello obligue a la CE a analizar la situación. A partir de ahí nos quedará la duda de si ese dictamen vinculado es para anularla o archivar el expediente. Estamos hablando de una población de cuatro millones con derecho a conocer qué es lo que quiere hacer el Gobierno.

–Transportes se limitan a decir que fue otro Gobierno el que la realizó. ¿Hay falta de valentía?

–La primera prórroga fue del PSOE. Sin ella, no habría la segunda. ¿Qué más da qué Gobierno ha sido? Es evidente es que hay una infracción de una normativa comunitaria, en la cual obligaba a convocar a un nuevo concurso y no se ha convocado. El Gobierno tiene en sus manos la posibilidad de aceptar el incumplimiento y que disfrutemos de la autopista gratuita como otras comunidades autónomas.

Diego Maraña, abogado y portavoz de la asociación En Colectivo por la demanda a Audasa

Diego Maraña, abogado y portavoz de la asociación En Colectivo por la demanda a Audasa / Alba Villar

–Si el Gobierno acata, ¿qué escenario habría al día siguiente?

–Articular esa anulación y es evidente que el Estado tendrá que asumir una indemnización, pero insistimos que ésta es muy cuestionable. Lleva 51 años en funcionamiento y se ha amortizado solo el 30% de los activos. Significa que durante este periodo los beneficios que se han generado son muy superiores a lo que debería. Entendemos que esa indemnización por parte de un juez será muy cuestionada. El Gobierno tendrá que iniciar el expediente administrativo para esa anulación y que de alguna forma pueda repercutir ya directamente en los ciudadanos. ¿Qué plazos? No lo sé. No lo conocemos porque va a ser en función de la agilidad por parte del Gobierno y siempre y cuando no se oponga.

–¿Se pagarán a Audasa los 1.000 millones de deuda?

–Va a depender del pagador que es el Estado. Que aplique sus profesionales, su buena argumentación de cara a esa indemnización que se pueda establecer. Nosotros no tenemos una valoración objetiva de por dónde, sin poder analizar y estudiar detenidamente cómo se va a plantear.

Portugal acaba de anunciar el fin de los peajes en las autovías SCUT. ¿Cómo lo reciben? ¿Demuestra que es una cuestión de voluntad o económica?

–Es una esperanza y un ejemplo a seguir. Se ve que las cosas se pueden hacer cuando hay voluntad política. Si hay una oposición a algo como ha sido la primera carta de emplazamiento, que hay ocultismo, pues que cada ciudadano pueda pensar qué es lo que está haciendo el Gobierno y qué es lo que quiere hacer con la AP-9. Ahora el camino lo tiene para poder tomar la decisión definitiva para que no sigamos hablando de la Autopista y los peajes hasta 2048, porque mejor oportunidad que ésta creo que no la vamos a tener nunca. Gracias a la demanda de julio del 2019, y pese a estos plazos de avance, estamos para zanjarlo de forma definitiva.

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