El sueño de los carburantes baratos ha durado muy poco. En la última semana, gasolina y gasóleo acumulan en España un encarecimiento cercano al 2% y de un 12,6% en comparación con mediados de enero, cuando rompieron con la escalada bajista provocada por el desplome histórico de la cotización del petróleo en los mercados internacionales, según los datos publicados por el Boletín Petrolero de la Unión Europea (UE). Con ese telón de fondo, el Congreso de los Diputados debatía ayer la nueva ley de hidrocarburos, que viene cargada de polémica por las críticas de la oposición porque deja en papel mojado el papel de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el impulso que le da al fracking. La normativa incluirá varias medidas encaminadas precisamente a incentivar la competencia en la venta de combustibles. Aunque su incorporación será mediante enmiendas de los grupos políticos. "Serán más que bienvenidas", invita el ministro de Industria, dispuesto incluso a reducir la cuota máxima posible que un operador puede controlar en una provincia, el 30%, y que esa medición se realice por las cantidades comercializadas y no por el número de estaciones de servicio, como hasta ahora. Un cambio brutal para el negocio en Galicia, el segundo más concentrado del país, según las autoridades de competencia, y donde las cuatro mayores petroleras superan el 75% del mercado.
"Hace falta más competencia", insistía ayer José Manuel Soria durante su defensa de la norma en el Congreso. El ministro abrió la puerta expresamente a las propuestas que "limiten el porcentaje de participación en el mercado de carburantes". Cualquier petrolera que esté por encima de ese 30% en una provincia no puede abrir nuevas instalaciones. Soria señala también la posibilidad de "profundizar en la liberalización" en la parte minorista de la actividad. Es decir, en los mecanismos de venta directa al consumidor, por lo que en Industria ven con buenos ojos el impulso a nuevas gasolineras independientes -sin dependencia en abastecimiento y precios- y, en general, instrumentos "que promuevan la transparencia y la información".
La filosofía de Industria respecto a las enmiendas que está dispuesto a aceptar en la tramitación de la modificación de la ley de hidrocarburos se asemeja mucho al decreto que ultima la Xunta para incidir en el mismo objetivo. El refuerzo de la competencia en el mercado regional de los carburantes. Según el último informe del Consello Galego da Competencia, Repsol gestiona el 31,7% de las estaciones de servicio de la comunidad. El 44,4% si sumamos el resto de firmas del grupo, Campsa y Petronor. La cuota de Cepsa roza el 18%; un 8,9% Galp; y un 4,4% Shell. Las gasolineras de marcas blancas, apenas un centenar, representan el 15,5%. En el caso de Pontevedra, la presencia de las operadoras líderes llega al 80%, mientras que los establecimientos low cost son solo el 13,4%.
El decreto gallego -anunciado en julio del pasado año y que en estos momentos, según la Xunta, está en manos del Consello Consultivo- insiste en la supervisión sobre el cumplimiento del límite del 30%, con la opción de vetar cualquier apertura que se lo salte o que implique contratos de abastecimiento en exclusiva con alguna de las petroleras de referencia con más de un año de duración o cláusulas que "fijen, recomienden o incidan, directa o indirectamente, en el precio". Criterios todos incluidos ya en la anterior ley estatal de hidrocarburos.
A la espera de la redacción final del decreto de la Xunta y de los cambios que acepte el Gobierno central para su norma, Galicia sigue sufriendo el precio del gasóleo más elevado de toda la Península, y desde este año también la gasolina. La Consellería de Economía insiste en responsabilizar a la falta de competidores, pero lo cierto es que hasta la CNMC avisa en cada informe mensual sobre los precios que las autonomías con mayor carga fiscal -Galicia subió el pasado año el antiguo céntimo sanitario hasta el tipo máximo- arrastran también el mayor coste de gasolinas y gasóleo.
En el primer debate ayer de la ley de hidrocarburos, la mayoría del PP, con el apoyo del PNV, rechazó las enmiendas a la totalidad presentadas por el resto de grupos. La norma fija un nuevo impuesto a las explotaciones y extracciones de gas y petróleo. Su recaudación irá a las comunidades, ayuntamientos y dueños del suelo afectado. La memoria económica recoge una previsión de 316,3 millones en el escenario más optimista y 8,4 millones de mínimo.
