El Gobierno gallego, según revela un informe de la Policía Judicial que investiga la Operación Zeta, concedió 1,5 millones de euros a la Asociación de Empresarios Discapacitados (AED) de Galicia, una entidad que solo tenía ocho socios. El colectivo, fundado en 2006 por Gerardo Crespo, presunto líder de la organización dedicada al fraude de ayudas públicas para formación con epicentro en A Coruña, carecía de afiliados en las provincias de Lugo y Ourense.

Tanto el sumario de la operación Zeta como el informe correspondiente al año 2010 presentado esta semana por el Consello de Contas confirman que se entregaron subvenciones millonarias a asociaciones, sindicatos y entidades para que organizasen cursos de formación para desempleados sin ningún tipo de control por parte de la administración, al menos hasta el año 2011 cuando el departamento de Beatriz Mato decide crear un servicio específico de control sobre los planes integrados de empleo y demandó la incorporación de nuevos inspectores que terminaron detectando irregularidades en cinco empresas.

En todo caso, entre 2008 y 2012 la Consellería de Traballo entregó 12 millones de euros a entidades investigadas en la operación Zeta, de manera que asociaciones fantasma se embolsaron millones de euros procedentes de las arcas públicas, según los investigadores. Los agentes destacan en el sumario que localizaron archivos que prueban la compra por parte de empresas de Crespo de bases de datos de autónomos a compañías de internet para fingir que tenían representatividad. En la documentación intervenida constan presupuestos emitidos por las empresas de internet, ya que el precio de las relaciones variaba en función del número de datos sobre los autónomos que aportasen. El sumario revela conversaciones telefónicas entre los implicados en el caso en las que hacen referencia a la compra de listados.

El Estado, tal y como informó este periódico, entregó cinco millones de euros entre 2008 y 2012 a la Confederación de Autónomos y Profesionales de España (Caype), una entidad que carecía de socios y de actividad. La asociación estaba dirigida por uno de los imputados, Eliseo Calviño, que cobraba de Caype un sueldo mensual de 4.500 euros netos. El "único objetivo" de los sospechosos era "enriquecerse" e incorporar a su patrimonio las subvenciones, según concluyen los investigadores. Para ello, además de fingir tener socios, emitían facturas falsas, subcontrataban a sus propias entidades o a otras dirigidas por familiares o colaboradores, y se inventaban alumnos. Muchos de los cursos, según los agentes, no se llegaban a impartir y, los que se organizaban, se hacían con mucho menor presupuesto del que en realidad tenían, ya que parte de las subvenciones se las apropiaban los presuntos delincuentes. Además de la falta de control, los investigadores destacan las relaciones que mantenía Crespo, presunto cabecilla de la trama, con políticos, sobre todo del PP, así como el amaño de algunos concursos públicos investigados.

El propio empresario reconoció que hacía pagos mensuales de 3.000 euros en dinero negro a Patxi Lucas, un "íntimo amigo" de Feijóo, según Crespo, para que le consiguiese contratos. El sumario también incluye documentos extraídos de la contabilidad B de las empresas de la trama en los que figuran dos pagos al PP por importe de 17.000 euros, así como abonos en efectivo y regalos a altos cargos de la Consellería de Traballo. El imputado, que era un habitual en todos los actos de la ciudad, llegó a ser recibido por Rajoy en la Moncloa. Sus contactos en el PP, partido al que es afiliado desde los 18 años, lo dejaron de lado cuando comenzó a ser investigado.

En el sumario, los agentes destacan que Crespo gestionaba la asociación de vecinos de El Ensanche en A Coruña y que se relacionaba con el presidente de la Federación de Vecinos Salvador de Madariaga, "la cual, al parecer, solo disponía de cinco socios", subrayan los informes de la policía.