A las cantidades que Anticorrupción exige a los cuatro antiguos directivos de Novacaixagalicia en su querella por administración desleal de la entidad o, alternativamente, un delito de apropiación indebida en los cobros de sus prejubilaciones, se une ahora el tercio a mayores en cada una de ellas como exige la Ley de Enjuiciamiento Criminal para fijar una fianza. Porque finalmente la habrá. En total, 10,512 millones de euros, de los que casi el 67%, por encima de los siete millones, se imponen a Javier García de Paredes, el que fue director general adjunto. Para ex director general, José Luis Pego, son 1,92 millones. Otros 1,21 millones para Gregorio Gorriarán, responsable de la división inmobiliaria. Y prácticamente 348.000 euros para Óscar Rodríguez Estrada, que llevó las riendas de la Oficina de Integración. Julio Fernández Gayoso, expresidente y "cooperador necesario" en los cambios de contrato de los que les acusa la Fiscalía, será responsable solidario y tendría que afrontar el pago en caso de que alguno no lo hiciera. Dos semanas después de la declaración de todos ellos en la Audiencia Nacional, el juez Ismael Moreno decide establecer estas garantías porque el proceso se dilatará y quiere evitar que "provoquen su insolvencia".

En el auto, fechado el lunes y del que hasta última hora de ayer los imputados no tenían constancia, el magistrado sostiene que existen "indicios suficientes de responsabilidad criminal", en referencia a los cargos que se les achacan en la demanda. Un "abuso de funciones" en la supuesta mejora de sus condiciones laborales y con "pleno conocimiento de la dificilísima situación económica" de la caja fusionada, para "disponer fraudulentamente" de sus bienes y "ocultando" las cuantías al Consejo de Administración y el Banco de España.

"Los querellantes en sus declaraciones se han limitado a realizar manifestaciones en su defensa, declaraciones que, en ocasiones, están en contradicción con la documental obrante en la causa", explica Moreno, que abre la puerta a "nuevas pruebas" para "comprobar su verosimilitud y coherencia". Aún así, el juez que lleva el Juzgado de Instrucción número 2 sostiene que "hasta el momento" no se han "desvirtuado" esos "indicios suficientes" con el "abundante material probatorio" que consta en el expediente.

Concretamente, el magistrado menciona tanto el contenido de la documentación como los "informes periciales, "de donde se desprende, al menos por ahora", que los cuatro, "con la cooperación necesaria" de Gayoso, acordaron "mejorar" los contratos de alta dirección en al antesala de la fusión "para asegurar sus intereses personales y preparar su previsible salida de la entidad resultante". En ese mismo argumento se asienta para adoptar esta medida cautelar -que se suma a la comparecencia quincenal en los juzgados de todos los imputados, salvo García de Paredes- sin que sea "imprescindible" realizar "una labor activa de investigación". El auto da por hecho que el remate de las diligencias se va a "retrasar" por la "muy probable práctica" de otras nuevas. Lo que, junto con la existencia de los indicios, "determinan que resulte plenamente razonable apreciar un riesgo de que los querellados se coloquen en una situación de insolvencia que impide o dificulte" el cumplimiento de una hipotética sentencia condenatoria. De ahí las cantidades marcadas, con la incorporación de un tercio más para afrontar las costas.

Como ocurre con la querella, la reclamación podría ser todavía mayor. Anticorrupción y el juez Moreno recuerdan que los importes podrían ser modificados ante la investigación de si los sueldos en Novacaixagalicia se ajustaban a las directrices de remuneración previstas en la normativa del sector a nivel europeo y entre las entidades reforzadas con la primera línea de ayudas del FROB.

Una vez notificado el auto, las partes tendrán tres días para presentar un recurso. Con la advertencia de que si no cumplen con las fianzas, la Audiencia Nacional podrá embargarles sus propiedades.