La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias de investigación para averiguar lo sucedido en la fusión de las siete cajas de ahorros que conforman Bankia, así como en la salida a Bolsa y la posterior nacionalización de la entidad, según confirmó el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce. "Existe una demanda social para que las actividades sean investigadas, pero aunque no hubiera esa demanda, el asunto merece dicha investigación", afirmó. El Ministerio Público centra su investigación tanto en la constitución del grupo a comienzos de 2011 -fruto de la fusión de Cajamadrid, Bancaja, Caja Insular de Canarias, Caja Laietana, Caja Ávila, Caja Segovia y Caja Rioja- como en la salida a bolsa de Bankia el pasado 20 de julio.
Los fiscales encargados del caso, Alejandro Luzón y Luis Rodríguez Sol, han solicitado información al Banco de España, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y a la propia entidad financiera para investigar a los gestores por presuntos delitos contables, estafa y falsedad documental, entre otros. Torres-Dulce ha recordado a todas las instituciones y entidades concernidas a su obligación de colaborar.
Además, la Fiscalía Anticorrupción que dirige Antonio Salinas ha solicitado a la Audiencia Nacional que asuma la competencia del caso al considerar que afecta a los intereses del Estado. Las diligencias se abren después de recibir una denuncia presentada por Manos Limpias contra Bankia, cuyo contenido la Fiscalía considera deficiente.
De esta forma, el Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid remitirá a la Audiencia Nacional las diligencias abiertas por la denuncia contra el gobernador del Banco de España, Miguel Angel Fernández Ordóñez, y los expresidentes de Bankia Rodrigo Rato y Miguel Blesa por las presuntas irregularidades cometidas en la gestión de la entidad.
La pasada semana Anticorrupción afirmó que no tenía previsto abrir una investigación de oficio para depurar las presuntas responsabilidades penales de los directivos del grupo BFA-Bankia y de los organismos supervisores por la gestión de la entidad financiera, que recibirá una inyección pública de 19.000 millones para evitar su quiebra.
Las mismas fuentes advirtieron que solo se admitirán denuncias por hechos concretos, como podrían ser los préstamos fallidos al sector inmobiliario, el proceso de salida a Bolsa, la declaración de cuentas anuales o la venta de productos financieros tóxicos a los clientes, entre otros.
Por su parte, la plataforma 15MpaRato, tras conseguir los fondos en una cuestación pública, se querellará contra el expresidente de Bankia Rodrigo Rato y el antiguo consejo de administración de la entidad por presuntos delitos societarios, falsedad documental, publicidad engañosa y administración desleal.
El PSOE aplaude la iniciativa y el PP la respeta
El portavoz del PSOE en la Comisión Constitucional del Congreso, Ramón Jáuregui, aseguró ayer que la decisión de Anticorrupción de abrir diligencias es "positiva" y además los ciudadanos españoles "la reclaman"."Una investigación penal sobre responsabilidades penales en este caso es obligada, y yo creo que hay que apreciar como muy positiva esa decisión", afirmó.
Mientras, el secretario general del grupo popular en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, se limitó a decir que su formación traslada su "respeto a la acción de la Justicia".
No a la indemnización
Por su parte, el exvicepresidente de Bankia Francisco Pons ha renunciado a "cualquier posible indemnización o compensación económica" que le pudiera corresponder por la extinción de su relación con Bankia, entidad en la que estuvo solo cuatro meses. Así lo indicó en una carta dirigida al presidente de Bankia, José Ignacio Gorigolzarri.
