La Audiencia Provincial de Pontevedra obligó ayer al ex alcalde de Gondomar, el popular Carlos Silva, a apartarse de la política. La sala ratificó en parte su condena por prevaricación urbanística y le impuso una pena de seis meses de prisión y siete años de inhabilitación por conceder una licencia en enero de 2006 con el Plan Xeral del municipio anulado. El todavía ayer concejal de Economía y Hacienda y Personal del Concello gondomareño y diputado provincial con dedicación exclusiva –por la que percibía 75.000 euros anuales– presentó la dimisión de sus cargos horas después de conocer el fallo judicial y solicitó la baja voluntaria como militante del Partido Popular.
La sentencia impone la misma condena al antiguo regidor y a los cinco miembros de su junta de gobierno en el mandato entre 2003 y 2007: Ángel Gregores, José Luis Mosquera, Jaime Rial, Abelardo Meneses y José Misa. Sólo uno de ellos, Ángel Gregores, formaba parte hasta ayer del gobierno municipal actual como responsable de las áreas de Parques y Jardines y Educación. Al igual que Silva, este edil preparaba ayer su carta de dimisión para presentarla hoy mismo en el consistorio.
Ambos se ven forzados a dejar sus ocupaciones en el ayuntamiento por la inhabilitación, aunque el fallo judicial reduce la pena que en un principio había dictado el Juzgado de lo Penal Número 2 de Vigo en diciembre de 2008, ya que estima en parte el recurso de los concejales condenados.
La condena inicial era de un año y medio de cárcel y ocho años de prohibición de ejercer cargo público por un delito continuado de prevaricación, puesto que el titular de aquel tribunal consideraba que habían concedido un total de 39 licencias de forma irregular entre diciembre de 2005 y enero de 2006.
El juzgado vigués consideraba probado que los integrantes de la junta de gobierno, además de emitir los permisos de obra con el Plan Xeral anulado, conocían un auto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de noviembre de 2005 que eliminaba un acuerdo plenario en el que el gobierno municipal corregía los defectos del Plan Xeral y pretendía dar por ejecutada la sentencia de anulación del Supremo. Pero los ponentes de la Audiencia Provincial no ven demostrado que los ediles tuviesen conocimiento de dicho auto hasta que se lo entregaron a la secretaria municipal, el 16 de enero de 2006. De este modo, sólo reconocen una licencia, concedida el 17 de enero, como ilegal, puesto que los miembros de la junta de gobierno la aprobaron pese a contar con un informe negativo de la secretaria. Así, la Audiencia les imputa un delito de "prevaricación específica agravada".
Los seis meses de privación de libertad que se imponen a los seis ediles no obligan a ninguno a ingresar en la cárcel, aunque el ex alcalde podría hacerlo en el futuro ya que este fallo le atribuye los antecedentes necesarios para hacerlo. Tiene pendiente otra sentencia por un delito de falsedad documental y el fiscal le pide dos años de prisión y otros tantos de inhabilitación.
Aunque tampoco irá a la cárcel, sí tiene causas pendientes otro de los condenados por la Audiencia, el ex concejal de Cultura, José Luis Mosquera, juzgado hace dos semanas por tres delitos de cohecho y considerado culpable por un jurado popular.
