La Xunta reabrirá en los próximos meses el debate sobre la fusión de los municipios. La Consellería de Presidencia trabaja ya en la elaboración de una propuesta dirigida a los ayuntamientos menos poblados donde planteará las distintas fórmulas y los incentivos que se ofrecerán a los concellos para que se abran camino a través de la fusión y el asociacionismo, una salida en la que el Gobierno gallego ve una posible solución al raquitismo presupuestario de los municipios más pequeños y a las dificultades que tienen para hacer frente al pago de los gastos corrientes y de las nóminas o a la prestación de los servicios básicos.

"No vamos a actuar con mano militar, pero si poner encima de la mesa esa alternativa. Creemos que puede ser una solución, aunque sabemos que es complicado debido a la mentalidad reacia a modificar la planta municipal", aseguran desde la Consellería de Presidencia. Para romper este inmovilismo, la Administración autonómica recurrirá a incentivos económicos, como crear un fondo específico o dar preferencia en las subvenciones finalistas a los municipios que apuesten por la fusión o la incorporación voluntaria a otros.

Para dar un impulso a la integración o al asociacionismo mediante la creación de consorcios o mancomunidades, la Xunta está ultimando el decreto que actualizará la Comisión galega de delimitación territorial, pensada para resolver conflictos de lindes municipales, pero también para revisar el mapa de planta municipal. Así, entre sus funciones tendrá la de, precisamente, realizar "estudios y propuestas de fomento para la fusión o la asociación municipal y establecer medidas para ello consistentes en ayudas económicas y técnicas, fijación de criterios prioritarios o especiales en la asignación de subvenciones finalistas y en la creación de un fondo especial".

"No vamos a huir de ningún debate. En los próximos meses vamos a abrir la reflexión con propuestas", avanzan fuentes de la Consellería de Presidencia. Si el plan tiene éxito y los ayuntamientos responden, la Xunta realizaría una segunda propuesta concreta, formulando la reordenación del mapa municipal. "Vamos a intentarlo por lo menos", precisa la consellería, consciente de que la fusión o una asociación no se puede forzar desde la Administración autonómica y que sólo tendrá éxito si la iniciativa parte de los concellos.

¿Por qué se plantea ahora la reordenación del mapa local? La crisis ha revelado con más crudeza la debilidad financiera de los ayuntamientos más pequeños, esos que tienen menos de 5.000 habitantes. Los ingresos se han reducido y muchos de ellos tienen serias dificultades para prestar los servicios públicos básicos, pagar los gastos corrientes y hasta hacer frente a las nóminas de los funcionarios. De hecho, en noviembre la Xunta habilitó un millón de euros destinados a los 200 ayuntamientos con menos de 5.000 habitantes para ayudarles a afrontar los gastos corrientes tras la caída de los ingresos por la bajada de la recaudación de los impuestos.

"En situaciones de austeridad es cuando se deben utilizar los recursos con mayor eficiencia y plantear las soluciones para resolver los problemas. Un fórmula es mediante la fusión u otro tipo de asociación. Por eso, sin imponer nada, vamos a abrir una reflexión para introducir mejoras. Ahora es el momento", aseguran fuentes del departamento que dirige Alfonso Rueda.

"Tendremos que explicar a los concellos que si se asocian, o crean consorcios o mancomunidades o apuestan por la fusión podrán ofrecer más servicios, mejores en calidad y más eficientes", añaden las mismas fuentes.

Como argumentos, la Xunta recurrirá también al proceso que se siguió en el resto de Europa, donde los ayuntamientos han sufrido un proceso de concentración para mejorar su gestión y optimizar los recursos.

La reforma del decreto de la Comisión galega de delimitación territorial también servirá para poner al día este órgano y homogeneizar su funcionamiento a otros similares dependientes de la Xunta. Al año, esta comisión tiene que resolver una docena de conflictos de lindes, la mayoría de las veces generados por los propietarios de montes en los que se inicia una actividad económica, como parques eólicos, y que a la hora de repartir las indemnizaciones ponen en evidencia la falta de unos límites claros.