El pasado verano el Tribunal Supremo declaraba firme la sentencia de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, que impuso penas que suman 50 años de prisión y multas millonarias a la red de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico que lideró Juan Carlos González Martín, Culebra. Con ello, la sala viguesa comenzaba en octubre de 2016 a requerir a los 11 condenados que debían ingresar en la cárcel -otro sentenciado recibió una pena menor- para que diesen este paso. Pero las primeras entradas en el penal se han demorado hasta ahora debido al aluvión de recursos presentados por los condenados para intentar eludir o al menos retrasar ese momento. Los primeros miembros de la red en ingresar en el penal han sido dos de los considerados testaferros, condenados cada uno a 4 años de cárcel: María Pilar L.C. y el empresario Alfonso C.A. Ambos comparecieron en sede judicial para mostrar su voluntad de entrar y así lo hicieron, como confirmó esta semana el penitenciario de A Lama a la Audiencia.
La investigación judicial contra la red del Culebra arrancaba hace más de una década, en julio de 2006, en el Juzgado de Instrucción número 3 de Vigo. En 2008 se desencadenaron las detenciones y, tras unas complejas pesquisas, el caso llegaba a juicio en la Audiencia viguesa en 2014. Fue en 2015 cuando la sala dictaba el fallo, que imponía la mayor condena, 6 años de prisión, a González Martín, y sentenciaba a otras 11 personas: la mujer y tres hijos del cabecilla, dos sobrinas y varias personas más conformaban esta red de testaferros. Con la excepción de un promotor que sólo recibió una pena de 6 meses de cárcel, el resto debía ingresar en prisión. Cuando el Supremo confirmó las penas, la Audiencia inició el proceso para ejecutarlas.
Pero la avalancha de recursos y peticiones de indultos se sucedieron desde entonces, concretamente durante los últimos ocho meses. Los sentenciados incluso presentaron recursos extraordinarios de amparo ante el Tribunal Constitucional, pero éstos ni siquiera llegaron a ser admitidos. Como balance, el único que ha logrado frenar su ingreso en la cárcel ha sido paradójicamente el líder de la red, Culebra. Este febrero la sala dejaba en suspenso su ingreso durante 9 meses debido a graves problemas de salud. A finales de este año su situación médica se revisará para actuar en consecuencia.
Con este escenario, de los doce condenados, por el momento diez deben entrar en A Lama. Dos lo acaban de hacer y algún otro sentenciado ya mostró asimismo su disposición a entrar también voluntariamente. En otros casos, la Audiencia se ha visto obligada a adoptar medidas más contundentes para tratar de asegurar la ejecución de la condena. Es el caso de la familia directa de González Martín. La Sección Quinta dictó recientemente tres órdenes de busca y captura en relación con Nieves, la esposa del líder de la trama, y con los hijos de ambos Juan Carlos y Alejandro.
Y la sala también tiene muy avanzada la tramitación para poner a disposición del Plan Nacional sobre Drogas el amplio patrimonio decomisado a la red: 15 millones de euros, inmuebles, joyas, cuadros, barcos y más de 30 vehículos.
