“Vivir en un centro de menores es un estigma; un concello se negó a tener uno”

Proteger y promover los derechos de la infancia recogidos en la Convención sobre los Derechos del Niño del 20 de noviembre de 1989, e impulsar políticas que mejoren el bienestar de la infancia son los objetivos de la Plataforma de Organizacións de Infancia de Galicia (POIG), que engloba a 37 entidades que trabajan en este ámbito. Esta organización aboga por una ley gallega de la infancia como ya tienen otras comunidades autónomas, reclama acciones para paliar la pobreza infantil –uno de cada cuatro niños gallegos está en riesgo de pobreza– y alerta sobre la saturación del sistema gallego de protección de menores, que atiende a más de 2.200 menores. En opinión del presidente de la POIG, Xesús Vila, es fundamental incrementar los recursos destinados a la infancia y acabar con el estigma social que en concreto sufren los menores tutelados.

–¿Qué situaciones vulneran los derechos de los niños en Galicia?

–Nuestra campaña está muy centrada en los niños tutelados porque entendemos que los menores más vulnerables son aquellos niños y niñas que están privados, por situaciones muy diversas, de un entorno familiar. Es difícil de imaginar una situación de mayor vulnerabilidad que la de un niño que vive en un entorno no familiar. Para nosotros, estos niños tienen que ser una prioridad.

–Alertan de la saturación del sistema gallego de protección de menores.

–Hay una falta de medios que está incidiendo en los derechos de los niños. Todas las decisiones sobre estos menores se toman en los equipos técnicos del menor, que están infradotados, tienen pocos profesionales, su nivel de trabajo es muy alto y su satisfacción laboral no es alta porque están en escalas salariales no muy altas. Y atender los derechos de los niños tutelados significa tomar una decisión buena, y en el momento y el tiempo adecuados. No hacerlo así hace que la situación de desprotección del niño se agrave.

–La POIG apuesta siempre por la preservación familiar y si esto no es posible y han de ser tutelados, por la acogida familiar.

–Es lo ideal, aunque en muchos casos no es posible, por lo que los centros de acogida siguen siendo necesarios. Pero para que funcionen bien, necesitan medios adecuados. En estos momentos, están viviendo una situación de precariedad de medios porque siguen trabajando con contratos prepandemia, es decir, con los precios de hace cinco o seis años. Esto hay que resolverlo.

–¿Hay discriminación social respecto a estos menores?

–En algunos sitios se lleva mejor y en otros peor, pero vivir en un centro de menores, se quiera o no, supone un estigma. Recientemente tenemos el caso del municipio de la provincia de Pontevedra que se negó a tener un centro de menores. A veces, los clichés y los estereotipos empeoran aún más la situación de estos chavales, que ya tienen bastante con su mochila personal.

–¿A qué se debe el estigma? ¿Al miedo, al desconocimiento?

–A ambos, aunque básicamente al desconocimiento. Como ocurre en tantos otros ámbitos, cuando no conoces algo, salta el factor miedo.

“La infancia tiene que ser una prioridad, pero a menudo nos olvidamos de ello”

–¿Qué pasa con estos chavales tutelados cuando cumplen los 18?

–Un chico o chica, cuando cumple los 18, deja de tener derecho a la protección y, teóricamente, tendría que apañarse por su cuenta y riesgo. En una familia normal la emancipación se está produciendo a los 30 años y nosotros pretendemos que estos chavales, que vienen de situaciones tan complicadas, a los 18 se valgan por sí mismos. Evidentemente, no puede ser. Las entidades procuran paliar esto con programas de acompañamiento más allá de los 18 años, que, obviamente, también es necesario dotar de medios.

–¿Hasta qué punto es la pobreza una amenaza para la infancia?

–En España, el riesgo de pobreza en menores de 18 años es de casi del 33%, lo que significa que 1 de cada 3 niños está en riesgo de pobreza. Los datos gallegos son un poco mejores: un 24,9%, lo que nos sitúa debajo de la media nacional, pero aun así, este porcentaje significa que 1 de cada 4 menores gallegos está en riesgo de pobreza.

–¿Qué se está haciendo para reducir estas tasas?

–Precisamente el próximo día 19, vamos a presentar un informe justo sobre este tema junto con la Plataforma de Infancia de España. En éste presentamos todos los datos y proponemos algunas medidas. En Galicia, probablemente la medida más efectiva que se ha adoptado en los últimos tiempos contra esto es la gratuidad de la escolarización de 0 a 3 años porque está demostrado que mejorar las tasas de escolarización reduce la tasa de pobreza. Sin embargo, aún hay que tomar más medidas y, sobre todo, apoyar a las familias más vulnerables, como las monoparentales, por ejemplo, que dependen de una única fuente de ingresos y que pueden estar bien ahora pero mañana, por una circunstancia laboral, ya no estarlo. Y no podemos olvidar que cada vez hay más familias monoparentales.

“Es necesario una ley gallega que mire de forma integral la infancia”

–Una de las reivindicaciones de la plataforma es una ley de la infancia gallega. ¿Por qué es necesaria?

–Porque muchas de las competencias que hay en la infancia están dispersas y necesitamos que haya un enfoque global de las necesidades de la infancia. Para ello, es necesario una ley que mire de manera integral la infancia y que haga que la sociedad comprenda que ésta tiene que ser una prioridad porque a menudo nos olvidamos de ello.

–¿No se concibe así?

–Galicia es una sociedad muy envejecida y, evidentemente, quiere tratar bien a las personas mayores. Pero esto significa que hay una tendencia, aunque no se quiera, a que la mayoría de los recursos se concentren en ese segmento de población y esto puede hacer que se pierda el foco de la importancia que tiene la infancia. Contar con una ley específica que ponga el foco en los derechos de la infancia cambiaría esa visión y garantizaría el futuro de la sociedad. Hay una frase que me gusta mucho: “En la infancia, todo lo que no sea prevenir llega tarde”. No queremos unas políticas públicas de la infancia que se dediquen sólo a paliar los problemas, sino que, a través de una ley con un enfoque de derechos, empiecen a solucionar estos problemas desde la raíz.

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