Los centros educativos gallegos registraron ayer, en el regreso a las clases, 13.000 casos activos de COVID-19, el cuádruple de la última cifra notificada antes de las vacaciones navideñas, el 22 de diciembre, que era de 2.997. Así lo reconoció ayer el conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, quien informó de 800 bajas entre el profesorado, de las cuales se pudieron cubrir unas 700. Los positivos suponen el 3% del censo de la comunidad educativa y el 18% de todos los casos activos que se producen en la sociedad.
Ante estas cifras, Rodríguez admitió que se trata de un “reinicio de curso tremendamente complejo”, pero destacó el cumplimiento de las medidas sanitarias por parte de la comunidad escolar, que Galicia lidera las cifras de vacunación de los menores de edad y que en los próximos días se agotarán las dosis disponibles para la franja de 11 a 5 años.
El optimismo del titular de Educación de la Xunta está en línea con el expresado ayer también por la ministra del ramo, Pilar Alegría, que en un tuit envió “un mensaje de tranquilidad a las familias”, afirmando que “las aulas son entornos seguros”.
También el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recalcó en una entrevista en la SER que la vuelta a las aulas es “segura”. “Venimos trabajando con las comunidades autónomas, la comisión de salud, la ponencia de alertas, ministerios y consejerías, por tanto, las condiciones son seguras”, dijo Sánchez, quien añadió que confía en que se alcance el 70% de escolares vacunados el 7 de febrero.
En el conjunto de España, el porcentaje de bajas de profesores en los institutos públicos se situó ayer en torno al 8%, y el de los alumnos entre el 10 y 15%, según las cifras de la Federación de Asociaciones de Directivos de Centros Educativos Públicos.
Fuentes de Educación señalaron a FARO que la autodeclaración COVID servirá para que la Consellería de Educación active la cobertura de la baja –la sustitución del profesor–, pero que los docentes deberán presentar también la baja oficial como acreditación para el resto de cuestiones.
Existe consenso entre científicos, padres, docentes y administraciones de que debe mantenerse la educación presencial, pero arrecian las críticas por no haberse reforzado la prevención ante la incidencia disparada la variante ómicron, considerado el virus de propagación más rápida en la historia. El boletín de Sanidad de ayer indicaba incidencias acumuladas a 14 días de 3.034 y 4.659 casos por 100.000 habitantes, respectivamente, para los grupos de edad de hasta 11 años y de 12 a 19 años. Estas cifras multiplican por 3.06 y 8,94, respectivamente, las registradas el 22 de diciembre, que eran de 989 y 521 casos.
En otros países se realizan pruebas de antígenos frecuentes en los colegios. En Alemania las hacen los propios escolares. En Portugal se retrasó una semana la vuelta a las clases, una opción que ayer defendió la portavoz del BNG, Ana Pontón. La líder del Bloque dijo que la vuelta a las clases genera “mucha incertidumbre” entre los padres. “No hay una seguridad al respecto de lo qué va a pasar”, señaló la política nacionalista, que sugirió que podría haber sido “más razonable” que este regreso al curso escolar se “hubiese retrasado un par de días””.
Donde llevan una semana de clases es en Francia. Allí, varios sindicatos han llamado a la huelga este jueves para exigir “una escuela segura bajo ómicron”. Los sindicatos galos exigen mascarillas FPP2, medidores de CO2, más profesorado y recuperar el protocolo que lleva a confinar grupos con un contagiado.
“Criadero de ómicron”
Son medidas que defiende uno de los mayores expertos mundiales en la propagación aérea de virus, el español José Luis Jiménez (Universidad de Boulder, EE UU), apuntó que un estudio en Francia señalaba que había más transmisión en las escuelas que en el ámbito comunitario. En una entrevista en “El Español”, señaló que abrir las clases sin reforzar la seguridad “es una decisión política” sin aval científico. “En España se miente como bellacos en esto –criticó–. El colegio va a ser un criadero de ómicron, se van a contagiar muchos de los niños que estén en la escuela, que lleven malas mascarillas en sitios mal ventilados. Y van a contagiar a los padres. Esto va a traer muchísimas hospitalizaciones y muertes, y mucho COVID persistente”.
El experto en prevención docente Francisco Javier Pérez Soriano criticó, por su parte, el “apagón de datos” de las administraciones. La Xunta decidió en septiembre informar de los casos a los medios solo una vez por semana, y Madrid anunció ayer que los centros ya no deberán notificar los casos, sino solo los brotes. Soriano recuerda que los centros “no dejan de ser espacios cerrados y mal ventilados donde conviven gran cantidad de personas durante mucho tiempo, sin poder guardarse las distancias de seguridad y con mascarillas de dudosa calidad y mal ajustadas, donde además se realizan actividades de riesgo [en comedores]”.
El conselleiro de Educación explicó ayer que cuando se registren cinco o más positivos en una clase, Saúde Pública evaluará cada caso concreto para decidir si procede al cierre del aula o a la cuarentena de los alumnos que considere necesarios.
Román Rodríguez, que ayer informó a los directores de colegios, reveló que la Xunta recibió ayer mismo por parte del Gobierno central el documento que actualiza la guía para tratar los casos COVID que se detecten en los centros educativos y que estaba pendiente de remisión tras las reuniones realizadas durante la pasada semana.
