Fiscalía ha cerrado acuerdos de conformidad con al menos una decena de las 23 personas acusadas de defraudar a Hacienda 20 millones al no pagar impuestos por distribuir combustible. El juicio comenzará hoy en la Audiencia de Pontevedra. En concreto, el Ministerio Público ha aceptado una rebaja en su petición de penas a cambio de que los acusados reconozcan los hechos. Este macrojuicio está previsto que se prolongue hasta el día 18 de este mismo mes.
Entre los procesados de pertenecer a la red figuran empresarios de estaciones de servicio y del transporte de combustible, guardias civiles y agentes de Aduanas. Entre todos los encausados se enfrentan a una petición de 285 años de prisión y a peticiones de multas por valor de 738 millones de euros por un fraude que podría alcanzar los 20 millones.
Esta macrocausa procede de la Audiencia de A Coruña tras declararse incompetente para enjuiciar los hechos y trasladarla a Pontevedra, ya que en esta provincia se cometió, supuestamente, el fraude entre los años 1998 y 2000, por lo que junto a las dilaciones indebidas existen algunos delitos que ya han prescrito.
