Jueces, abogados, personal vinculado a la administración de Justicia..., todos coinciden en destacar la profesionalidad, la enorme dedicación a su trabajo y los grandes conocimientos jurídicos del magistrado del juzgado de Primera Instancia número 3 de Pontevedra Indalecio Conde González. ¿Cómo puede llegar entonces un juez con ese perfil a ser suspendido por un año por el Consejo General del Poder Judicial por retraso injustificado en sus sentencias?
Distintas fuentes consultadas ayer reconocen que los retrasos en el dictado de las sentencias por parte de este magistrado habían llevado al juzgado de Primera Instancia número 3 de la capital a una situación insostenible, al menos en lo que respecta a decenas de procedimientos que acumulaban demoras superiores en muchos casos al año. Casos antiguos que no acababan de tener una resolución. Por eso, ayer en los juzgados de A Parda no sorprendía la decisión adoptada por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial de apartarlo de la profesión durante un año. Sobre todo, después de que en noviembre de 2012 ya le fuera impuesta una primera sanción por este mismo motivo que le apartaba del juzgado por espacio de un mes (otra multa de 3.000 euros le fue retirada finalmente por el Consejo del Poder Judicial).
Al parecer, este juzgado de Primera Instancia (atiende únicamente asuntos civiles) sufrió un importante incremento de la carga de trabajo entre los años 2006 y 2008 que el magistrado asumió celebrando numerosas vistas (casi todos los días de la semana) lo que provocó que tuviese un importante número de casos pendientes de dictar sentencia.
A todo ello hay que sumar, según quien lo conoce, un "grado de autoexigencia" muy elevado, siendo muy meticuloso en la elaboración de sus resoluciones cuya calidad nadie discute, sino más bien al contrario. Así las cosas, y pese al elevado volumen de resolución, muchos fallos quedaron sin respuesta y comenzaron a llegar al Poder Judicial las primeras quejas de letrados hartos de esperar una resolución para sus clientes y después de tardanzas "injustificables", según la propia resolución del Consejo General del Poder Judicial.
Inspección del CGPJ
Estas quejas derivaron en una serie de inspecciones que llevó a cabo el Poder Judicial sobre la labor de este magistrado, unas indagaciones por parte del CGPJ que parece ser que contribuyeron, siempre según quien le conoce, a que el magistrado cayese en un estado de ansiedad y de "bloqueo" que impidió que pudiera poner al día la actividad que tenía pendiente en el juzgado, todo ello pese a disponer durante un tiempo de un juez de refuerzo. Pese a que el magistrado sancionado pasó a dedicarse en exclusiva a la resolución de las sentencias pendientes, no logró el resultado deseado.
Según explican distintas fuentes consultadas, esta suspensión no pone en cuestión ni la dedicación del juez, ni la calidad de su trabajo sino su operatividad. "Lo cierto es que no sacaba adelante su trabajo", indicaba ayer un destacado jurista en A Parda, tras conocer la sanción del Poder Judicial. Una decisión que todavía es recurrible ante el Tribunal Supremo.
