Lo que sostiene la acusación es que la legalización ejecutada por la junta de gobierno que el juez cita como imputados, fue "manifiestamente ilegal" y "de imposible otorgamiento sobre subsuelo declarado publico por sentencia judicial firme". Y acusan a la edil de Urbanismo de que el Concello de Ourense abonara "una injustificada y escandalosa indemnización de 358.000 euros a la denunciante por una simple reducción de luminosidad, conservando además la vivienda".
El letrado de la acusación, Feijóo Miranda, considera que se quiso "comprar el silencio" de la particular. La mujer reconoció en su declaración que ningún técnico municipal fue a ver su vivienda para hacer la valoración. Y el arquitecto municipal confirmó que no se presentó pero alegó que informó según la "parte técnica" y su propuesta fue suscrita por los demás técnicos del servicio.
