El alcalde Agustín Fernández, y su antecesor en el cargo, Francisco Rodríguez, están citados hoy a declara en el Juzgado de Instrucción número 1, en calidad de imputados, en el denominado caso de la plaza de San Antonio -un proceso que discute la legalización de un parking privado así como el pago de una indemnización a una particular que pleiteó contra el Concello de Ourense.

También prestaran declaración hoy como imputados la actual edil de Educación, Ana Garrido, y el ex edil Demetrio Espinosa, ambos del PSOE, así como el exteniente de alcalde, Sánchez Vidal del BNG. Para mañana, los citados por el juez, son los ediles nacionalistas García Mata, Isabel Pérez y Marta Arribas, y la teniente de alcalde, Marga Martín, del PSOE, que junto a la concejal de Urbanismo, Áurea Soto, que ya prestó declaración, formaban parte de las Juntas de Gobierno del bipartito que aprobaron la legalización del aparcamiento y la indemnización a una particular.

La imputación de las dos juntas de gobierno están relacionadas directamente con la decisión en diciembre de 2007 de otorgar licencia de legalización de obra, ocupación y actividad al subsuelo de la plaza a la empresa Hermanos Carrajo (propietaria inicial de una planta de sótano) y a Parking Buenos Aires S.A. ( propietaria de otras dos plantas de sótano que dedica a aparcamiento rotatorio), a pesar de que por sentencia judicial firme se había declarado con anterioridad que era dominio publico y por lo tanto solo podía ser disfrutada por particulares en régimen de concesión administrativa.

Por otra parte, la Junta de Gobierno Local que en 2010 decidió aprobar un convenio por el que se indemnizaba a una particular, que en su momento había denunciado de este complejo inmobiliario, con el pago de 358.525 euros en concepto de "reducción de luminosidad de las estancias traseras de su vivienda", percibiendo esta cantidad al tiempo que conserva la propiedad del piso.

De la instrucción que se puso de manifiesto que el arquitecto municipal tasó esta indemnización a partir del coste de compra de una vivienda nueva y del alquiler de otra nueve años, aunque la afectada reconoció no haber nunca abandonado este piso.

La causa partió de una denuncia de Democracia Ourensana a la que siguió, como acusación particular, "Casas Orense", una promotora con intereses urbanísticos que mantiene un conflicto con el gobierno en determinados ámbitos.

Todo hace indicar que la declaración de los concejales, citados en calidad de imputados, tiene como objeto determinar su grado de participación real en las decisiones adoptadas, así como saber si eran conscientes de su contenido y lo asumieron, o si por el contrario se limitaron a confiar en la concejal de Urbanismo, Áurea Soto, quien fue la que llevó esas propuestas de resolución y aprobación a las juntas de gobierno.

Además, el abogado externo que salvó la inejecución, Carlos Hernández, está imputado por informar a favor de legalizar el complejo. La acusación sostiene que Soto acudió a él ante la negativa de los técnicos municipales. Hernández negó en su declaración ante el juez haber hecho un informe a la carta. Preguntado por qué ningún técnico municipal avaló su informe, el imputado sostuvo que, en su opinión, los técnicos del ayuntamiento procedieron de forma que "no era correcta".