El caso de la Plaza de San Antonio tiene más recorrido que en su inició pensaba el gobierno socialistas, sobre todo después de que el titular del Juzgado, Leonardo Álvarez, decidido de oficio extender la imputación a todos los concejales que formaban parte de las dos junta de gobierno local, aunque la acusación popular -Casas Ourense- únicamente había dirigido la querella contra la edil de Urbanismo, Áurea Soto, y el abogado de A Coruña, Carlos Hernández, con el que trabaja habitualmente la edil, a través de asistencias técnicas -contratos externos-, y que es el autor del informe que sirvió a la junta de gobierno local para dar licencia, sin informe de ningún jurídico municipal.
