El titular del Juzgado de Instrucción Nº2 de Ourense, que investiga un caso de presunta prevaricación administrativa, ha emitido un auto en el que cita a declarar en calidad de imputados a toda la junta de gobierno de Ourense de 2008, encabezada por el exalcalde socialista Francisco Rodríguez, al hilo de la adjudicación de una obra valorada en 593.000 euros en la calle Bedoya.
Así, quedan imputados también el actual regidor, Agustín Fernández, entonces edil de Hacienda; las dos tenientes de alcalde, Marga Martín y Áurea Soto; el exconcejal de Obras del BNG Andrés García Mata y el entonces asesor jurídico.
Se conforma así un nuevo y complejo escenario en el consistorio municipal, donde desde hace un tiempo sobrevolaba ya la posibilidad de que se diera una situación similar a la de Santiago -aquí gobierna el PP que, de momento, ha decidido no intervenir- y al que se ha visto abocada por una obra adjudicada con urgencia por el ejecutivo de entonces, el primer bipartito, sin que figurara en el orden de la sesión.
El auto es el último golpe de la Justicia a un Concello que vive desde hace un tiempo sacudido por la polémica, entre presuntas irregularidades y corruptelas.
El alcalde defiende la "normalidad" de la adjudicación
Por su parte, y según recoge un comunicado emitido por el Concello, el alcalde de Ourense, Agustín Fernández, ha manifestado "total tranquilidad" y voluntad de colaboración con la Justicia para aclarar la legalidad de la adjudicación realizada en septiembre de 2008. En todo caso, defendió la "normalidad" del expediente que "más allá de la preferencia por uno u otro formato administrativo" estuvo motivada y "guardó el principio de interés público". "Compareceré gustoso" ha dicho el regidor, para dar las explicaciones necesarias.
La edil de Urbanismo e Infraestructuras, Áurea Soto, justificó el procedimiento escogido en 2008 para no perder una subvención de 580.000 euros para rúa Bedoya, que "fue completada en su totalidad".
"El procedimiento nunca fue hasta ahora recurrido por ninguna de las empresas del sector, y se motivó en garantizar la cuantía de la subvención, argumentos recogidos por el TSXG en la investigación al conselleiro Agustín Hernández en un caso similar y que fue archivada basándose en la defensa del interés público", ha manifestado.
