La imputación de 10 de los 13 ediles del PP, incluido el alcalde, que sustentan el gobierno municipal de Santiago, siete de los cuales podrían enfrentarse a juicio por aprobar cargar al erario público la defensa de un compañero de corporación o la fractura interna evidenciada por los pinchados del caso Pokemon no constituyen motivos suficientes para que la Xunta inicie los trámites para disolver el concello. La Xunta descarta solicitar al Consejo de Ministros que emprenda este tipo de "medidas traumáticas", al menos "por el momento".

Los procesos judiciales y la presunta corrupción acaparan portadas desde hace semanas y ayer coparon gran parte de la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta. Aunque la prensa preguntó expresamente por Santiago, Feijóo extendió la inexistencia de motivos para nombrar gestoras a otros concellos. "En ninguna de las tres ciudades se dan requisitos suficientes para solicitar la extinción de la corporación municipal", aseguró, si bien existen imputados en los gobiernos municipales en Santiago, Lugo, Ourense y A Coruña. Aun sin especificar a quiénes se refería, indicó que "no son cosas iguales" los problemas que afectan a cada una de ellas.

Recurrir a Moncloa para disolver la corporación compostelana carecería de "proporcionalidad" y "responsabilidad", en opinión de Feijóo, al que Democracia Ourensana ya reclamó hacer lo propio en la ciudad de As Burgas en plena guerra civil interna del PSdeG, que gobierna en minoría. Para reafirmar su posición y rebajar la situación en Santiago, Feijóo recordó que no es comparable con "otros del sur" donde el Gobierno sí acabó nombrando una gestora y disolviendo la corporación, en alusión a la Marbella post-Gil cuyos principales líderes acabaron condenados.

Ante las propuestas de medidas para evitar los casos de corrupción, Feijóo señaló la comisión parlamentaria como cauce para que Xunta y PP presenten sus propuestas, algunas de las cuales ya tienen perfiladas para acabar con las "lagunas legales" que, en su opinión, permiten la corrupción. A pesar de ello, reclamó prudencia para no sembrar dudas sobre la actividad política. "Podemos equivocarnos si ponemos más sospechas sobre la política", indicó tras cifrar un día antes en un 2% las imputaciones de los 4.100 cargos públicos de la comunidad.

Besteiro

Además, respondió a la propuesta del socialista José Ramón Gómez Besteiro sobre la posibilidad de apartar a cargos políticos de las mesas de contratación. "No sé en la Diputación o en el ayuntamiento de Lugo, pero en las mesas de contratación de la Xunta el criterio de técnicos y funcionarios es el que se sigue en las contrataciones", zanjó.