Las avícolas sufren pérdidas de hasta el 60% por la obligación de registrar gallineros de autoconsumo

La obligatoriedad de registrar cualquier corral de autoconsumo familiar está teniendo un impacto negativo en las ventas para las distribuidoras agrícolas, que calculan unas pérdidas de alrededor de un 60 por ciento solo en venta directa de aves, sin contar con todo lo que lleva aparejado, como los productos de alimentación, con respecto al año pasado.

Este registro de gallineros domésticos es obligatorio a través de una medida del Gobierno central que entró en vigor a través de un Real Decreto de 2021. A efectos prácticos, los corrales habituales del rural solo pueden mantener un máximo de 30 gallinas ponedoras de huevos para consumo o 50 pollos de engorde. Es posible la combinación de estos tipos de animales (gallinas ponedoras, pollos de carne u otras tipologías), con la condición de que la suma de los valores expresados en UGM de los animales mantenidos no supere el 0.15 UGM máximo admisible. A mayores, hay otras limitaciones relacionadas con la existencia de unas instalaciones mínimas en materia de higiene y bienestar animal.

Las distribuidoras agrícolas no pueden vender aves si los compradores no presentan su número de registro, y muchos de estos titulares de gallineros rurales desconocían esta obligación hasta hace pocos días. “Bajaron las ventas muchísimo. Es una bajada importante, pero lo más importante es incluso el impacto en la alimentación (piensos, cereales...). Hay gente que pregunta, se lo piensa, otra que ya lo está dejando...”, explica Francisco José Sieiro, de Comercial Sivar, en Casas Novas.

Apunta que “en febrero solemos vender los primeros pollos, incluso algunas gallinas, pero este año tuvimos cero ventas. En la primera semana de marzo tuvimos algún pedido de clientes con registro, pero fue un 30 o un 40 por ciento de lo que movíamos en los últimos años. Para nosotros es un palo”.

En la misma línea se expresan en la distribuidora Marcelino Ares, en la calle Fonte Santa, que confirma que está recibiendo “muchas quejas” de los clientes. “Están los que ya lo dejan y los que se registran si les das facilidades, pero las ventas han caído mucho, hasta un 60 por ciento por debajo de lo habitual”.

En este negocio son ligeramente optimistas al confiar en que la situación se estabilice a medio-largo plazo, como ocurrió con otras normativas antes. De hecho, los corrales inscritos en el registro se han triplicado en solo cuatro meses. La cifra más actualizada de la que dispone la Xunta acredita que existen ya 45.138 gallineros registrados en Galicia en estos momentos y de ellos, 8.409 se ubican en la provincia de Pontevedra.

A pesar de las pérdidas económicas, los profesionales del sector valoran la intención de la normativa como medida para mejorar también el control sanitario de las aves. Este censo también tiene el objetivo de tener las explotaciones localizadas y así poder protegerlas en caso de focos de gripe aviar.

Les gustaría, no obstante, que se igualaran las condiciones en todas las comunidades autónomas por igual, porque en Asturias o Castilla y León esta obligación de registro no se está exigiendo y hay distribuidoras que están intentando vender en Galicia, al igual que hay clientes que están yendo a Portugal ante la negativa de los negocios a vender sin el REGA. En este sentido, recuerdan que lo que hay que tener legalizada es la instalación, no las aves, mientras lamentan que se vaya a perder algo característico del estilo de vida del rural gallego si no se movilizan los particulares.

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