BNG y PSOE alertan de que acudir al Supremo por la finca de Rocafort elevará el coste de la expropiación

Tras negar el TSXG el pago a plazos de los diez millones pendientes, Fran Leiro teme que el proceso se dispare a “más de quince”

Terrenos objeto del litigio.

Terrenos objeto del litigio. / Gustavo Santos

R. P.

El BNG y el PSOE de Sanxenxo temen que la decisión del gobierno local de prolongar el proceso judicial de la finca de Rocafort en la Rúa das Cunchas “probablemente supondrá que el Concello tenga que hacer frente a una situación económica muy complicada en los próximos años”. El portavoz nacionalista, Fran Leiro, cree que el recurso ante el Supremo después de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), denegase el pago a plazos los 10 millones de euros pendientes “tiene el único objetivo de ganar tiempo, a costa de castigar las arcas municipales”.

Leiro señala que en el caso de que el Tribunal Supremo rechace también el fraccionamiento del pago Sanxenxo “se vería abocado a convertirse en uno de los ayuntamientos más endeudados de la provincia”, ya que el gobierno local está dispuesto a pedir un crédito si se da el caso.

A juicio del BNG, la prolongación de la vía judicial podría provocar “que los costes totales del proceso podrían superar los 15 millones de euros, incluidos los intereses que se siguen generando hasta que se pague la parcela.

Por su partem el secretario xeral del PSdeG-PSOE en Sanxenxo y portavoz municipal, Fernando Otero, incidió en esta lectura y alerta de que el fallo judicial, “volverá a costar dinero a los vecinos y obligará al Concello de Sanxenxo a hipotecarse tanto si recurre al Tribunal Supremo como si pide un préstamo para poder afrontar ese pago y intereses de demora”.

El portavoz socialista lamenta que “al final la justicia pone las cosas en su sitio y viene a darnos la razón cuando advertíamos, pleno tras pleno, que esta situación terminaría mal”. Además expresó su “convencimiento de que el recurso ante el Supremo a anunciado por Telmo Martín no es más que una maniobra de dilación para ganar tiempo sin pagar y que será otra corporación en la que en el futuro la que se encuentre con semejante marrón, algo que en el final lo pagarán los vecinos”.