Un juzgado de la ciudad investiga a un acusado de la venta de puntos del carné desde Valencia

El juzgado de Instrucción número 2 de Pontevedra será uno de los cuatro españoles que tendrán que investigar la causa contra un acusado de autoinculparse como autor de infracciones de tráfico que acarreaban pérdida de puntos en el carné, a cambio de dinero. El acusado, residente en Valencia, asumía multas de tráfico de otras personas. Publicitaba este servicio en Internet a través de páginas web de anuncios y ofertaba su identidad para la retirada de puntos a cambio de un cantidad económica.

El juzgado pontevedrés deberá investigar los hechos realizados en este partido judicial, ya que el acusado realizó esta práctica en varias ciudades españolas, entre ellas Pontevedra.

Todos los supuestos fraudes recaían en la identidad de una persona con domicilio en Mislata (Valencia). En el Juzgado de Instrucción 1 de Palma de Mallorca se incoaron las diligencias previas debido a que el procedimiento se inicio por un delito cometido en la localidad mallorquina de Calviá, en el que finalmente se dictó sobreseimiento en abril de 2023.

En septiembre de 2022, este juzgado acordó su inhibición en favor de los juzgados de Instrucción que corresponda de Pontevedra, Soria y Valencia, en relación con hechos delictivos de idéntica naturaleza cometidos en cada uno de estos territorios.

El tribunal balear argumenta que “sin perjuicio de los datos que surjan con el avance de las investigaciones, parece obvio que la acumulación de todos los asuntos en el órgano judicial (…) podría generar dilaciones innecesarias”, por lo que propone que “un órgano judicial de cada uno de los hechos cometidos en su respectivo ámbito territorial resuelva el delito que le compete”.

Supremo

El Tribunal Supremo ha dictado una resolución que obliga al juzgado pontevedrés a continuar esta investigación, a raíz del conflicto de competencias presentado por el Juzgado de Instrucción número 1 de Palma de Mallorca. El juzgado balear recibió la denuncia contra este hombre, de nacionalidad armenia, aunque la Guardia Civil investiga por estos hechos a otras 91 personas en varios puntos de España.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo resuelve la cuestión de competencia otorgando la misma a los juzgados de Palma de Mallorca, Pontevedra, Soria y Valencia, donde se produjo la supuesta falsedad documental.

Estos juzgados rechazaron inicialmente la inhibición del juzgado balear, alegando la conexión entre tales casos y la necesidad de conocer de todos los hechos en una sola investigación. Pero el Juzgado de Instrucción 1 de Palma de Mallorca insistió en la inhibición elevando el asunto al Supremo, que finalmente ha repartido la investigación en cada uno de los juzgados donde se produjeron los supuestos delitos de falsedad documental.

El individuo investigado tenía el carné retirado y arrojaba un saldo de -321 puntos.

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