La Comunidade de Montes de Mourente, indignada porque el Concello pretenda cobrarles 116.523 euros de IBI del Montecelo

El Concello de Pontevedra emitió el pasado 28 de agosto tres notificaciones de cobro del IBI del presente año referidos a los terrenos ocupados por el Hospital Montecelo. Las tres notificaciones constan a nombre de la Comunidad de Montes de Mourente por importe total de 116.523 euros. Estos recibos corresponden a las tres parcelas catastrales en que están divididos los terrenos que fueron declarados por los tribunales como monte vecinal en mano común de la parroquia de Mourente.

La Comunidad de Mourente acogió las notificaciones con asombro y desagrado, puesto que la ley de montes vecinales y también la ley reguladora de las haciendas locales declara exentos “los bienes comunales y los montes vecinales en mano común”. Presentó en plazo el correspondiente recurso y, en caso de que no sea atendido, acudirá a los tribunales correspondientes.

Mientras no reciben respuesta, la indignación es cada vez mayor entre los comuneros de Mourente. Consideran "un recochineo que el Concello de Pontevedra pretenda cobrarles por un edificio que es un hospital público y pertenece al Sergas. Y consideran absurdo que emita recibos de las parcelas vecinales, incumpliendo la propia legislación que regula el funcionamiento de las corporaciones municipales". Vista la reiteración de este problema desde hace años, sospechan que, detrás de las repetidas “torpezas” en la emisión de estos recibos, "se oculta un interés político o económico".

Un problema generalizado

El intento de cobrar el Impuesto de Bienes Inmuebles a las comunidades de montes no es un problema solo de Mourente ni se reduce a la presente anualidad. Desde hay más de dos décadas, el ayuntamiento de Pontevedra emite anualmente varios recibos referidos la parcelas vecinales pertenecientes a las comunidades de las parroquias rurales de Pontevedra.

Estos hechos provocan que las comunidades de montes tengan que gastar anualmente varios miles de euros en presentar recursos legales, que normalmente prosperan, aun que en algunos casos obligó a comunidades como Salcedo o Campañó a acudir a tribunales superiores. A lo largo de estas dos décadas, la Mancomunidade de Montes de Pontevedra intentó solucionar este asunto instando a la corporación municipal a buscar conjuntamente una solución definitiva al problema. Dicen que "desde el Ayuntamiento se dieron todo tipo de excusas, cambiando de posición en estos años. Primeramente lo achacaron a deficiencias en el funcionamiento de la Oficina Tributaria para más adelante atribuirlo interesadamente a errores en los datos enviados por el Catastro, animando a las comunidades a gestionar con esta gerencia a resolución del problema".

Esta cuestión fue uno de los puntos tratados por la noticia Junta Provisional de la Mancomunidade de Montes en su reunión con el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, el pasado 10 de octubre. La solicitud de una reunión a la que asistirían los asesores técnicos y legales de las dos partes fue respondida afirmativamente por el alcalde, que se comprometió a poner fecha próxima.

Pero tras más de dos meses transcurridos, desde la Comunidade señalan que "esa reunión no tiene ni siquiera fecha. Las repetidas gestiones realizadas desde aquella por la Mancomunidad son respondidas con excusas y aplazamientos por parte de los responsables municipales". En este sentido, la Xunta Directiva de la Mancomunidade considera que esta "actitud esquiva e inexplicable del equipo de gobierno responde a intereses no declarados de tipo económico o político". Advierten que "está tomando forma a propuesta de acudir a los tribunales comunes, no solamente para que se pronuncien definitivamente sobre la exención establecida en la legislación, sino denunciar por prevaricación a los responsables municipales".