El Estado adjudica por más de un millón de euros la rehabilitación del edificio sindical de A Ferrería

La empresa Construcciones Orega ha sido seleccionada por la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (Segipsa), dependiente del Ministerio de Hacienda, para ejecutar un proyecto de mejora de la eficiencia energética del edificio sindical de Pontevedra, situado en la calle Pasantería. Esta actuación supondrá la primera rehabilitación de envergadura que se lleva a cabo en ese inmueble en las últimas décadas.

Las obras, adjudicadas por algo más de un millón de euros, forman parte de los planes de Segipsa desde hace meses. De hecho, hubo una primera licitación de los trabajos hace un año, pero después el proceso quedó en suspenso. Ahora se retoma el concurso y ya esté elegida la empresa, entre las tres aspirantes iniciales, con una oferta de 1.040.000 euros.

Se actuará básicamente sobre los aislamientos, la cubierta y las ventanas del inmueble, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado con fondos europeos Next Generation. El proyecto, que también incluye inmuebles de patrimonio sindical de Ourense y Ferrol, también incluía la redacción de los proyectos básico y de ejecución, con estudio de seguridad y salud. El edificio presenta un elevado número de deficiencias, con humedades, filtraciones y escaso mantenimiento.

Hace un año, algunos de los sindicatos con oficina en el edificio ya coincidían al señalar que esta actuación es insuficiente y, concretamente en el caso de la CIG, insisten en que es imprescindible un traslado a otra ubicación dado el estado actual del edificio. “Nosotros enviamos una carta al Ministerio en la que decíamos directamente que estaba dilapidando el dinero”, señalaba entonces Marcos Conde, secretario comarcal de la CIG de Pontevedra, que añade que “también denunciamos la falta de información precisa. No nos vamos a negar a que se haga esta actuación, pero no tenemos ni idea de lo que van a hacer, lo que sabemos, lo sabemos por terceras personas”.

Conde insiste en que se trata de un proyecto que “no va a resolver carencias ni deficiencias”. En la misma línea se expresaba José Luis García Pedrosa, responsable de CC OO en la comarca, que considera que este proyecto es “algo limitado, porque se centra en la mejora de la eficiencia energética, pero no afecta al acondicionamiento interno del edificio, solo afecta a lo externo”.

En este sentido, apunta que “el edificio tiene muchas deficiencias, sobre todo en cuanto a accesibilidad para personas con movilidad reducida. Para empezar, no tiene ascensor, y después las condiciones de trabajo son más que lamentables; hace muchísimo frío y no se puede incrementar la potencia eléctrica, tampoco hay un sistema de calefacción”.

Por su parte, Ramón Vidal, secretario de UGT Pontevedra-Arousa, añadió a esto que “el edificio no está en un estado ruinoso, pero las instalaciones tampoco son adecuadas, necesita una inversión importante. A nivel estructural, hay muchas deficiencias, como por ejemplo la cobertura digital, que al estar en una zona histórica no nos llega determinada fibra móvil”. Así, valoraría positivamente que “se ampliaran las actuaciones al interior del edificio para adecuar las instalaciones, sobre todo en cuanto a la normativa de accesibilidad. Al final son unas instalaciones para toda la ciudadanía”.

La CIG es la que apuesta más decididamente por la alternativa del traslado de sede. Marcos Conde señala que se pidió al Ministerio que “nos permita buscar un edificio nuevo, no por nosotros, sino por el servicio que ofrecemos de atención a los trabajadores”.

En una línea similar se expresó José Luis García Pedrosa, que confirmó que en Comisiones Obreras “siempre nos mostramos favorables a la opción de la permuta, pero tiene que existir alguien dispuesto a construir un edificio y entregarlo a cambio del edificio sindical, algo que es muy complicado. El Ministerio nunca se opuso a esta posibilidad, en su momento incluso llegó a haber una propuesta que no se llegó a concretar”.

También abierto a esta opción, pero algo más pesimista con que se pudiera concretar se mostró Ramón Vidal, que considera que “la posibilidad de cambio no existe. No tenemos problema en estudiar la idea de irnos a otro espacio, pero es difícil”.

En este sentido, el secretario de UGT Pontevedra-Arousa indicó que “hay interés en buscar una alternativa, pero primero hay que plantearlo al Ministerio y que acepte. En Santiago, por ejemplo, sí se llegó a este acuerdo y se cambió el piso que había en el centro por uno más alas afueras. Hace años hubo una promotora interesada en nuestro edificio, pero no se concretó nada”.

Vidal apuntó que el proyecto para la mejora de la eficiencia energética “ya está en marcha. Han venido a recoger datos y han empezado con algunos análisis de la situación para empezar las obras”.

La antigua sede de Hacienda, nueve años sin uso

A pocos metros del edificio sindical, separado por la calle Pasantería, se localiza la antigua delegación provincial del Ministerio de Hacienda, si n uso alguno desde 2014. Nueve años después y ya transferido al Ministerio de Cultura, sigue sin aclararse su futuro. El Gobierno central quiere dedicarlo a Archivo Histórico, pero la Xunta y el PP apuestan por añadir una biblioteca. Es casi una década desde que el inmueble se quedó sin uso al trasladarse la delegación provincial a las instalaciones de Campolongo. En 2020 el Ministerio de Hacienda aprobó la afectación del edificio ubicado en A Ferrería en favor del Ministerio de Cultura. En el año 2013, en plena crisis, el Ministerio de Hacienda incluyó la antigua delegación provincial de Pontevedra en una lista de 63 inmuebles que el departamento ponía a la venta con el objetivo de hacer caja. Sin embargo, desde el Concello ya se advertía entonces que la calificación urbanística del terreno no iba a hacer fácil su venta. De hecho, el gobierno local tampoco estaba por facilitar la labor y que el emblemático inmueble dejase de ser público para pasar a manos privadas. Después de estar varios años en esta lista, la administración acabó por rendirse ante la evidencia de que no iba a vender el edificio y este salió del mercado a la espera de decidir su uso público, aún no resuelto, mientras el edificio languidece.

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