Tráfico intercepta a una media de seis conductores al año utilizando detectores de radar prohibidos

La velocidad sigue siendo uno de los factores que están detrás de muchos de los accidentes de tráfico, incluidos los más graves. Es por ello que la DGT sigue haciendo hincapié en campañas como la que está en marcha esta semana para detectar estos exceso en las carreteras. Dentro de uno de esos controles, la Guardia Civil detectó en la tarde del pasado lunes a un conductor pontevedrés haciendo uso de uno de los dispositivos ilegales que hay en el mercado para intentar esquivar los radares, especialmente los móviles, que despliegan los agentes del subsector de Tráfico.

En este caso, el conductor era un pontevedrés de 67 años de edad que llevaba integrado en su vehículo de alta gama un dispositivo de detección de radar de última generación, cuya compleja instalación dificulta en extremo su detección por los agentes actuantes, según informó ayer la Comandancia de Pontevedra. Se le descubrió en un control de velocidad que se llevaba a cabo en la AP-9, a la altura de Barro. Esta persona sufrió las consecuencias que prevé la nueva ley de Tráfico para las personas que lleven en su coche este tipo de dispositivo, ya que la normativa se ha vuelto más estricta con el uso de estos aparatos y recoge como infracción el mero hecho de portarlos en el vehículo, ya sea dentro del habitáculo o integrado en el mismo, lo que dificulta su localización al estar, en ocasiones, ocultos.

El hombre se enfrenta a una multa de 200 euros y la retirada de 3 puntos, castigo que es todavía mayor en el caso de los inhibidores

La Guardia Civil de Tráfico formuló una denuncia administrativa contra esta persona por infracción grave a la Ley de Seguridad Vial, lo que supone una sanción de 200 euros, así como una detracción de tres puntos de su permiso de conducción. Además, el vehículo fue inmovilizado y trasladado a un taller para la desinstalación del dispositivo ilegal. La Comandancia recuerda que tanto los detectores como los inhibidores de radar (que anulan el funcionamiento de los cinemómetros) son ilegales. En este segundo caso incluso con sanciones todavía más elevadas. Van de los 6.000 a quien los utiliza hasta los 30.000 euros si se descubre a los instaladores.

En Pontevedra, la utilización de este tipo de detectores o inhibidores de radar tiene una incidencia similar a la del resto del Estado. La Guardia Civil detectó a lo largo de los últimos años una media de seis conductores al año utilizando estos dispositivos ilegales desde 2017 a 2021.

La tendencia era al alza entre 2018 y 2019 con 24 multas solo en ese periodo. En los dos años siguientes la media se redujo a cuatro sanciones por año.

No se deben confundir estos detectores o inhibidores de radar que son ilegales con los avisadores de radar que alertan de la ubicación de una cabina de radar fijo en los navegadores. De hecho, es la propia DGT la que hace públicos los datos de ubicación de estos radares fijos así como un listado de los tramos más vigilados en controles móviles.

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