La regularización catastral que llevó a cabo el Hacienda el pasado año en todo el municipio no solo obliga a tributar a partir de ahora por bienes que estaban "ocultos" al fisco, así como por instalaciones agrícolas que antaño estaban exentas. En muchos de estos casos, especialmente aquellos inmuebles que no estaban dados de alta pero sí obligados a ellos, los efectos tributarios se aplican desde noviembre de 2011, es decir, hace más de siete años.
De este modo, el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que se deriva directamente del valor catastral de cada edificación, tendría efectos retroactivos desde ese fecha, si bien la legislación solo permite cobrar atrasos de los cuatro últimos años. De este modo, todos aquellos afectados que han visto como se elevaba el valor catastral de sus viviendas, en especial en el rural, no solo tendrán que pagar más por el IBI de este año, sino que estarán obligados a abonar la diferencia desde 2015 hasta 2018. Por ejemplo, un contribuyente con un recibo que era de 200 euros y pase ahora a 350, debería abonar los 150 euros de diferencia de los últimos cuatro años, es decir, 600 euros.
El malestar en las parroquias no solo llega por las notificaciones masivas de cobro de tasas (60 euros más un 10% de intereses de demora) que aplica el Catastro por cada inspección, pese a que los propietarios no había sido avisados previamente de ese proceso, sino también de las valoraciones que ha supuesto esta regularización, con numerosas reclamaciones ante estos organismos ya que llegan a triplicarse.
