La asociación de consumidores ya atendió consultas de 40 clientes del Popular-Pastor

Hasta cerca de medio centenar de clientes del Banco Popular-Pastor en Pontevedra se han puesto en contacto con la Asociación de Consumidores "Rías Baixas" para consultar sus casos, ya que muchos de ellos son pequeños accionistas que perdieron hasta 20.000 euros tras la venta de la entidad gallega al Santander por un precio simbólico.

Así lo confirmó ayer María Álvarez, técnica en Consumo del colectivo pontevedrés, que lamenta que, una vez más, los ciudadanos hayan vuelto a sufrir un revés por parte de un banco.

"Nos empezaron a llamar por teléfono y, posteriormente, se acercaron hasta nuestras oficinas, porque quieren saber qué pasos tienen que dar", asegura.

"La mayoría son accionistas, porque los que tenían otro tipo de productos, como depósitos, se fueron relajando cuando supieron que estos no corrían peligro", aclara. A ellos hay que añadir a los clientes que habían comprado deuda del propio banco.

"Recibimos unas 40 consultas en muy poco tiempo. Hay muchas personas con las que tenemos que mantener reuniones porque están muy preocupadas y desesperadas, porque lo han perdido todo, todo el dinero que tenían. Esto ha sido como un secuestro", se lamenta la técnica.

En este sentido, compara esta situación con la vivida recientemente con las "preferentes". "Ha pasado de ser un producto estrella a caer en un pozo sin fondo", manifiesta.

Desde la asociación se recuerda que, hasta hace un par de meses, "este banco era uno de los más solventes". "Hay accionistas con muchísimo dinero, importantes, que tendrán su propia información, pero que también tienen secuestrados sus ahorros", asegura María Álvarez.

"Pero no se puede comparar a los grandes inversores, que se dice que han llegado a perder, en algún caso, hasta 45 millones de euros, con el pequeño accionista de Pontevedra, al que vamos a defender", diferencia.

Los ahorradores que han contactado con la asociación pontevedresa eran titulares de acciones por valores comprendidos entre los 6.000 y los 20.000 euros. "Hay algunos que habían comprado deuda y otros que, aseguran, que esos bonos se les cambiaron sin su consentimiento", matiza la portavoz de "Rías Baixas".

Asimismo, incluso los ciudadanos que tienen cuentas corrientes y depósitos han querido consultar su situación por miedo a perder su dinero tras la venta al Santander por tan solo un euro. "Nosotros, a día de hoy, no sabemos qué casos van a tener solución", subraya.

Respecto al mensaje de tranquilidad que se está dando a la ciudadanía desde el Banco Santander, María Álvarez reconoce que "tranquilos teníamos que estar hace tres meses, con lo que nos estaban diciendo, pero nos vuelven a engañar".

"¿Tranquilidad? Yo creo que ya nunca podremos estar tranquilos. No tenemos confianza en el banco y no se va a recuperar porque no ha sido transparente. Después de que Ana Botín lo haya comprado y haya garantizado que cualquier persona puede recuperar su dinero depositado y que pasará a ser cliente del Santander cambiándosele el numero de cuenta... Pero todos sabemos que después del día a la mañana todo cambia. Yo no le puedo garantizar a nadie que mañana no se vaya a encontrar con el banco cerrado. Supongo que no, porque entonces estaríamos hablando de corralito, y eso ya sería para España lo más sangrante", reflexiona.

La asociación quiere averiguar el número exacto de clientes que el Banco Popular-Pastor tiene en el municipio, por lo que lo va a solicitar. "Vamos a solicitar la misma información que solicitamos en su momento con las preferentes y las subordinadas, que de inmediato se establezca un mecanismos extrajudicial, que ahorre tiempo y dinero", anuncia. Para ello, solicitarán que no tenga coste alguno y que suponga una solución rápida, justa y al margen de los tribunales. "Idéntica a la que se dio a los accionistas que en su momento fueron engañados por Bankia. Volvemos a caer en la misma piedra. Si no se nos da esta solución, no nos va a quedar más remedio que colapsar la vía judicial, encarecerla para defender nuestros intereses y ayudar a recuperar el dinero", advierte.

La técnica en Consumo de la asociación pontevedresa recuerda que se trata de una situación cíclica "porque no se han adoptado las medidas para evitar que esto siga sucediendo". "Siempre es el consumidor, el pequeño accionista en este caso, el que tenga que pagar las consecuencias de las entidades, que vienen avaladas por lo que digan los poderes públicos", subraya.